La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), creada en la pasada legislatura al amparo de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante impulsada por el entonces Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos, ha destacado este lunes que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) haya "suprimido" en el presupuesto para el ejercicio 2023 la dotación económica a los grupos políticos constituidos en la Mancomunidad y que "venían percibiendo en ejercicios anteriores".
Según ha indicado la OAAF en una nota de prensa, el importe de esta dotación, que se recaudaba a través de la empresa de Gestión Integral del Agua de Huelva SA (Giahsa), "ascendió en el ejercicio 2022 a 546.200 euros", toda vez que ha apuntado que la representatividad de los municipios en el Pleno de la mancomunidad a través de grupos políticos y las asignaciones económicas reconocidas a los mismos "se producía en virtud de un acuerdo de pleno de la MAS de 24 de julio de 2019, que ha sido objeto de denuncia ante la OAAF".
De la misma manera, ha señalado que este acuerdo "también ha sido impugnado" por parte de la Junta de Andalucía que "en mayo de 2022 remitió a la mancomunidad un requerimiento sobre la nulidad de dichas decisiones, sin que hubiera sido atendido por la misma".
Según la OAAF, la decisión de la MAS de suprimir las dotaciones a las fuerzas políticas en el presupuesto del ejercicio 2023, "se produjo tras la resolución de 16 de diciembre de 2022 de la Oficina Andaluza Antifraude en la que se acordó el traslado de actuaciones para que se iniciara investigación e inspección al apreciar que la integración en el Pleno de la mancomunidad de los grupos políticos y las asignaciones fijas y periódicas que se otorgaban a estos, pudieran haberse aprobado sin amparo normativo, en cuanto que los Estatutos de la propia mancomunidad no los reconocen".
La Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la OAAF entiende que estos hechos "pudieran suponer una quiebra del apartado 2 del art 67 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)", en el sentido de que "es el municipio el que designa a sus representantes en función del resultado electoral", lo que "no implica que sea a través de la existencia de grupos políticos en sus órganos de gobierno, más cuando los Estatutos de la mancomunidad fueron modificados en este sentido".
La OAAf ha advertido asimismo que "también se ponía en conocimiento posibles irregularidades en la financiación a largo plazo de la empresa Giahsa", unos hechos sobre los que la esta oficina no se ha pronunciado "dado que la Junta de Andalucía tiene interpuesta una demanda ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, y a la fecha de emisión de la resolución no existía un pronunciamiento judicial expreso".
Por su parte, desde la MAS se han remitido a la información sobre el último pleno del año --celebrado el 30 de diciembre-- en el que aprueba la supresión de las asignaciones económicas a los grupos políticos representados en el Pleno "como medida de ahorro y contención".
En el transcurso de esa sesión plenario se aprobó también el presupuesto de su empresa instrumental, Giahsa, para 2023, que asciende a 86,3 millones, lo que equivale a un ligero incremento (3,7 millones) en relación al del pasado ejercicio.
