El equipo de Gobierno ha pedido a la Junta de Andalucía que traimte “a la mayor celeridad posible” ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cinco proyectos presentados por el Ayuntamiento y Procasa para su cofinanciación con fondos Next Generation en materia de vivienda.
Tras una inadmisión inicial, fueron subsanadas el pasado 20 de julio de 2022 “por indicación de la Junta de Andalucía, que se comprometió a presentarlas nuevamente para que sean tenidas en cuenta dentro de la disponibilidad presupuestaria de los fondos europeos” que, según fuentes municipales, no se han agotado todavía.
La última resolución publicada por parte de la Secretaría General de Vivienda respecto al programa de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suscrita el pasado 14 de septiembre de 2022, aparecen admitidos los proyectos del Ayuntamiento y Procasa en las calles Setenil, Santiago, Pericón, Calderón de la Barca y Sagasta, pero no los otros cinco, que tampoco se encuentran entre los desistidos.
Estos contemplan, por un lado, 28 viviendas en alquiler asequible para jóvenes en el número 2 de la calle Marqués de Coprani, con un presupuesto de 3.057.324,6 euros y una subvención de 1.151.815 euros; la construcción de 19 viviendas en alquiler y cuatro en venta en el número 20 de García de Sola, con un presupuesto de 2.033.125,97 euros y una subvención de 816.375 euros; otra actuación en la misma calle, en el número 22, para 19 viviendas con un presupuesto de 2.099.912 euros y una subvención de 950.000; la construcción de 47 viviendas en el número 14 de la avenida Marconi, con un presupuesto de 6.332.117 euros y una subvención de 1.866.200 euros; y otros tres proyectos de colaboración público-privada mediante la puesta a disposición de suelo público a entidades privadas para la construcción de viviendas en alquiler asequible. La concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Eva Tubío, ha recordado que se trata de una cesión de suelo durante 50 años, “sin perder en ningún momento la propiedad, que revierte luego a manos municipales”.
Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz han señalado que, efectivamente, no hay resolución definitiva y que se está trabajando en ella para su publicación en breve.
