La asociación Sociedad Gitana Española solicitará la imputación del alcalde de Íllora, Antonio Salazar, y del jefe de la Policía de este municipio granadino en el marco de la instrucción judicial abierta a raíz de los asaltos sufridos por varias familias gitanas tras el homicidio de un joven de 19 años el pasado agosto.
Este colectivo ha informado en un comunicado que dicha solicitud será planteada amte el juzgado que se encarga de investigar estos hechos, al entender que el propio regidor pudo promover la concentración vecinal por el homicidio del referido joven, "a sabiendas de lo que seguro ocurriría después, convirtiéndose en claro responsable de los hechos delictivos" acaecidos posteriormente, ha precisado.
Sociedad Gitana Española también pedirá que se investigue tanto al jefe de la Policía Local de Íllora como a todos los componentes de este cuerpo por la que considera omisión del deber en el ejercicio de sus funciones, así como a los componentes del grupo de actuación en los referidos incidentes de la Guardia Civil y a sus superiores inmediatos.
La asociación, que interpuso denuncia por los incidentes del pasado agosto -cuando resultaron destrozadas viviendas, vehículos y enseres-, cree que resultaba "totalmente previsible" que, dadas las circunstancias de entonces, se produjeran ataques contra las familias gitanas -vinculadas al joven detenido como presunto homicida- por parte un grupo "organizado, violento y radical".
Por otra parte, el abogado de una de las acusaciones particulares Marcos Santiago Cortés ha informado a EFE de que este miércoles han continuado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja (Granada) las declaraciones de dos los cinco guardias civiles que habían sido citados como testigos en la causa.
En concreto, según el letrado, uno de ellos ha manifestado que el día de los altercados se vieron desbordados y que fue una parte minoritaria de la manifestación ciudadana convocada la que protagonizó los ataques, en los que una mayor presencial policial podría haber tenido un efecto disuasorio.
Este abogado busca poner de manifiesto que las administraciones pudieron tener una responsabilidad civil subsidiaria en lo ocurrido, dado que no se habría producido una buena previsión para el operativo policial.
El testimonio de los dos guardias civiles que han comparecido este miércoles se suma al de los tres que comparecieron este martes, cuando uno de los agentes aseguró que no era posible prever los asaltos que sufrieron varias familias gitanas, que dichos altercados podrían haberse producido igualmente incluso si se hubiera llegado a contar con más efectivos, y que no se llegó a actuar contra los atacantes para evitar males mayores.
Los hechos se remontan al pasado 15 de agosto, fecha en la que un joven estudiante de 19 años de la Universidad de Almería y vecino de Íllora, falleció tras ser golpeado mortalmente en el entorno del recinto ferial presuntamente por el arrestado.
Esta agresión motivó que Íllora convocara una concentración espontánea para exigir justicia, que se desarrolló de forma pacífica aunque, posteriormente, se registraron incidentes contra inmuebles y vehículos de la familia del supuesto agresor, otro joven de 23 años quien fue detenido como presunto homicida y que permanece en prisión provisional a la espera de ser juzgado.
