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Acusan a un funcionario del PIF de ayudar a narcotraficantes

Un camionero de la comarca queda libre

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  • El funcionario habría facilitado los traslados
Un funcionario de Aduanas que ejerce su labor en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) fue acusado por un fiscal de Alicante de colaborar con narcotraficantes en el paso de drogas procedentes de Marruecos en relación con la denominada como Operación Calamar.

El trabajador en cuestión habría facilitado, según el Ministerio Público, el traslado a la Península desde Marruecos de estos narcos, y, en cualquier caso, el fiscal entiende que, en su posición, debería “haber detectado los estupefacientes”. La imputación a este funcionario se agrega a las otras 10 detenciones realizadas el 9 denoviembre de 2009, en el marco de la tercera operación antidroga con mayor cantidad incautada en la provincia de Alicante (11 toneladas de hachís).

Distinción
Hay que dejar claro que el imputado no tendría relación alguna con los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Algeciras, responsables de gran cantidad de decomisos en colaboración con la Guardia Civil, sino que se trataría de un funcionario aduanero del PIF con funciones diferentes dentro del servicio de Aduanas.
La droga apareció camuflada en sardinas que fueron transportadas desde el Puerto de Algeciras hasta el municipio de Santa Pola, donde la mercancía fue interceptada.

Camionero inocente
Dentro de esta operación se produjo, además, la detención de un transportista del Campo de GIbraltar, I.M.E., de 51 años, quien fue el encargado de transportar la mercancía supuestamente legal a Alicante.

Tras verse inmerso accidentalmente en el proceso, el fiscal decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a él, lo que demuestra inicialmente su inocencia. El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche había puesto en libertad al camionero al día siguiente de su detención, según informó en su día el presidente de la Asociación Comarcal de Transportes, Alfonso del Valle. Técnicos enviados por Maersk hablaron en aquellos días con la jueza y el fiscal para explicar el carácter aleatorio del servicio.

Asimismo, y como apuntaba el delegado de Personal de Altransa SA, propietaria de transportes de contenedores por carretera que contrató a TCC, la empresa en la que trabaja I.M.E., “ni la carga ni el contenedor son nuestros”.

De igual modo, y según explicó el secretario general de la asociación comarcal, Gabriel Fuentes, “existía un error en el procedimiento” relacionado con una matrícula errónea.

Los compañeros de I.M.E. llevaron a protagonizar una protesta provocando que algunos camiones tuvieran que retrasar su entrada/salida del Puerto. Desde todos los ámbitos del sector se demandaban medidas para evitar estas acusaciones erróneas.

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