Con los votos en contra de PSOE, IU y VOX, el equipo de Gobierno municipal del PP vio rechazada su propuesta sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos. En su intervención durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de enero, la concejala de Hacienda, Tatiana Pozo, planteó “la necesidad de acometer por exigencia legal, un incremento en función del coste real del servicio, y hay que adaptar las tarifas de acuerdo con los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para obtener una recaudación que cubra el 100% del servicio”. Pozo dijo que “ahora mismo hay un desequilibrio económico en Egemasa de 473.000 euros, por lo que se hace necesaria esa actualización de las tarifas, que supondrían un incremento del 30% anual, en torno a unos nueve euros trimestrales, a partir del 1 de abril”.
El planteamiento del Gobierno municipal encontró el rechazo de la oposición en bloque. Así, José Antonio Gómez (PSOE) dijo que la propuesta del PP era “inadmisible e injustificada”. “Hay que subir la basura a quien más residuos genera, pero también se debe cumplir la ley, y ante esta subida del 41,59% que nos proponen, de más de 38 euros al año, nuestro voto va a ser negativo”. “No vamos a ser cómplices de este atraco y, si ustedes quieren, déjenla sobre la mesa, hablemos, y traigamos una propuesta sosegada sin freír a la ciudadanía, porque se puede llegar a un entendimiento para alcanzar una subida menos lesiva”. Por su parte, Jesús David Sánchez (IU), señaló que “el planteamiento que nos hacen tiene aspectos positivos, como la progresividad o las bonificaciones, pero hay que tener en cuenta el contexto, porque antes de pedirle un esfuerzo a la ciudadanía, hay que ver cómo va encaminada una gestión que acaba de empezar. Modificar esta tasa va a tener una traslación en el presupuesto municipal, que todavía no hemos visto, por eso votaremos en contra de la propuesta, sin perjuicio de que sigamos hablando en lo sucesivo”. Por último, Toñi Gallardo (VOX) dijo que plantear esta iniciativa “es una barbaridad, sobre todo, en los momentos que estamos. Lo consideramos un atraco a las clases medias y no podemos estrangular a la gente de Puente Genil”.
En último término, y para cerrar el debate, el alcalde, Sergio Velasco, planteó en su intervención posponer al 31 de diciembre de 2024 la aplicación de la nueva ordenanza, “lo que significaría no modificar ni un céntimo la tasa de este año, teniendo la certeza de que el año que viene tendremos una tasa adaptada a la realidad”.
“Proponemos que la subida de la tasa en 2024 sea cero euros. Y también estamos dispuestos a ratificar la cesión del impuesto de vertedero, y a llevar a cabo una campaña de comunicación para difundir las bonificaciones, para que puedan aplicarse bonificaciones de hasta el 50%”, propuso Velasco, unos argumentos que no encontraron eco favorable en la oposición, cuyos portavoces insistieron en sus postulados expresados con anterioridad, solicitando la necesidad de redoblar el diálogo para buscar puntos de entendimiento.
