Las reclamaciones presentadas son a título individual por cada compañía y sirven para dar continuidad a otro escrito que estas mismas discográficas presentaron en enero ante todos los departamentos del Gobierno.
Las empresas discográficas, recuerdan que la Administración no respondió a estas peticiones, por lo que las empresas han optado por reclamar “los daños patrimoniales sufridos en los últimos años como consecuencia del constante incremento de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual”.
Estas reclamaciones están fundamentadas en la falta de adopción por parte de la Administración de las obligaciones contenidas en dos directivas europeas que señalan la obligación de los estados de la Unión Europea (UE).
