El pasado lunes 1 de julio, la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, se vio obligada a afrontar la crisis de Gobierno provocada por la dimisión del delegado de Economía y Hacienda, Participación Ciudadana y La Jara, Francisco Verano, que también renunció al acta de concejal, apenas un año después de la toma de posesión. Álvarez solo compareció públicamente para dar cuenta de la reorganización de su equipo dos días después de que trascendiera la información. También fue entrevistada en Costa Noroeste, pero no dedicó ni un solo minuto a la crisis de Gobierno. La periodista tampoco pareció interesada.
La alcaldesa prefirió destinar gran parte de su generosa participación en la televisión municipal a lanzar nuevas puyas a Víctor Mora, líder del PSOE y socio de Gobierno, y urgirle a que haya entendimiento con las cuentas del ejercicio 2024. “No me voy a ir a tomar copas con Víctor Mora”, aclaró, pero insistió en que es preciso alcanzar un acuerdo para sacar adelante el presupuesto. En este sentido, reiteró que la prioridad es la limpieza. “El objetivo ahora mismo es tener una ciudad limpia y cuando consigamos eso vamos a intentar invertir por el otro lado”, añadió, en referencia a las peticiones del PSOE para deportes o turismo. En este punto fue especialmente beligerante. La alcaldesa insistió en que “Sanlúcar no puede ser un comedero” y advirtió del riesgo de turistificación.
Pese a señalar los roces entre IU y PSOE en estas cuestiones, consideró que el pacto de Gobierno está “sano” y volvió a hacer referencia velada a una eventual ruptura o moción de censura, advirtiendo a los socialistas de que cada uno sabrá dónde quiere estar. Álvarez también hizo balance del año de Gobierno con el mismo argumentario mantenido hasta ahora. Cargó contra Diputación, con el PP al frente, aunque admitió que le ha concedido 890.000 euros, y puso en valor los 5 millones del Profea, aportados por la institución provincial, la Junta de Andalucía y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
También afeó falta de apoyo de la Administración andaluza, pero, igualmente, reconoció la disposición especial que está mostrando la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Isabel Paredes.
En lo estrictamente municipal, abordó cuestiones concretas como la situación de los tres notificadores, que sufren meses de impagos de sus nóminas, repitiendo que “el Ayuntamiento no es una ONG” para negar una vez más su incorporación a la plantilla municipal. De hecho, enumeró los problemas de Personal, con falta de operarios para mantenimiento urbano o parques y jardines, y, más todavía, en materia de seguridad, con la Policía Local en cuadro y sin poder llevar a cabo servicios extraordinarios. Sin embargo, reivindicó su papel para que el Gobierno central declare la Zona de Especial Singularidad, de manera que los cuerpos y fuerzas de seguridad dispongan de más recursos humanos y materiales para hacer frente al narcotráfico. En términos general, negó que el primer año de mandato haya sido un año en blanco, si bien, en su magro balance de logros, destaca únicamente los 5,7 millones de euros que la localidad recibirá para proyectos medioambientales gracias al Pacto por Doñana.
La alcaldesa valoró que ahora hay otra forma de gobernar, con “todas las puertas abiertas” en el Ayuntamiento, salvo la suya, porque afirmó que estaba resolviendo problemas. Sobre las críticas, apuntó a los sanluqueños: “Conmigo están siendo muy exigentes (…), me está cayendo la del pulpo”. Y lo justificó porque “los ciudadanos han estado malacostumbrados” en los últimos años por no poder participar en política.
A diferencia de hace unas semanas, no pidió paciencia, sino que trató de justificar la falta de resultados a que el equipo de Gobierno “está aterrizando”. Y, finalmente, explicó de nuevo que una cosa es estar en la oposición y otra empuñar el bastón de mando. “En la oposición se promete mucho, mucho, y no se dice cuándo” se harán las cosas, “se harán cuando se pueda”, bromeó, agregando, no obstante, que “soy una persona que me gusta cumplir las promesas”.