El diputado de UpyD Carlos Martínez Gorriarán ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Gobierno explique sus intenciones con el proyecto industrial de Las Aletas, en Puerto Real, después del informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que no ve justificada la imposibilidad de ubicar dicho proyecto en otro emplazamiento que no afecte al Dominio Público Marítimo Terrestre.
Concretamente, el parlamentario de la formación pide al Ejecutivo que aclare si piensa abandonar el proyecto mientras éste siga contemplando la necesidad de ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre y que explique las medidas que va a adoptar para "despolitizar" el proceso de toma de decisiones de la Evaluación Ambiental Estratégica, "asegurando que todos los informes sean elaborados por funcionarios de carrera técnicos e independientes del poder político".
En su exposición de motivos, Martínez Gorriarán recuerda que este área de actividades económicas se ha justificado "como un elemento estratégico" para la dinamización económica de la Bahía de Cádiz, basado en un "pretendido aprovechamiento" de las oportunidades que ofrece la actividad portuaria de la Bahía, y "se presenta como complementario a las instalaciones portuarias al crear una gran infraestructura logística e intermodal, incrementando y diversificando el flujo de mercancías".
Sin embargo, subraya que su desarrollo requiere la reserva de 421 hectáreas del Dominio Público Marítimo Terrestre y recuerda que el Tribunal Supremo anuló en 2009 la Reserva declarada en 2007, señalando que "la naturaleza de las actividades, tanto empresarial, industrial, terciaria y de servicios, no justifica ocupar dominio público".
Esta sentencia motivó un informe de la Abogacía General del Estado que en esencia señalaba la necesidad de justificar razonablemente que no existe otro lugar ajeno al dominio marítimo-terrestre que sea apto para la realización de la actividad.
Así las cosas, el Consorcio de las Aletas, promotor del proyecto, encargó a la empresa pública Tragsa un documento de justificación que, según indica el diputado, en la práctica se limitó a incorporar un área medioambiental de 140 hectáreas, "que considera la restauración de la marisma", y un área de producción y transformación de cultivos marinos, pero que mantuvo la zona industrial original "con una mera reordenación interna y cambio de denominaciones".
Asimismo, recuerda que en respuesta al informe de Tragsa, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar advirtió de que la alternativa de ubicación finalmente escogida "no es más que una reorganización interna de la zonificación de usos de la zona ya escogida previamente en 2007" y que no justifica la imposibilidad de que se ubique en otro lugar.
En las preguntas, el diputado mantiene que el carácter de centro logístico intermodal que ponga en contacto el espacio portuario con el transporte por carretera y ferrocarril, "en absoluto justifica" que se ocupe el Dominio Público en la medida en que el espacio considerado "no cuenta con instalaciones portuarias contiguas".
En ese sentido, considera que la referencia al transporte marítimo "no es más que un burdo intento de justificar el emplazamiento" cuando "cualquier otro terreno de la Bahía de Cádiz" fuera de la zona de servidumbre "cuenta con las mismas cualidades para este desarrollo".
El diputado critica la insistencia de representantes políticos del Consorcio, la Diputación de Cádiz, los ayuntamientos y los agentes sociales para defender el proyecto y pide al Consorcio que abandone la propuesta de promover el proyecto en ese emplazamiento ya que "va contra la más elemental concepción de la Ley de Costas, contra la sentencia del Supremo y contra el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar".
