Un total de 31 trabajadores de 'Sevilla Global', una sociedad anónima participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, ha elevado al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), un escrito solicitando la revocación de la presidenta del comité de empresa en funciones, María Ángeles Caballero (CCOO). Este grupo de trabajadores considera que Caballero no representa la verdadera voluntad de la plantilla y se desligan de los "pactos" supuestamente alcanzados entre esta sindicalistas y la dirección de la empresa.
A través de un escrito firmado por 31 de los 52 miembros de la plantilla y recogido por Europa Press, estos empleados comunican al CMAC la convocatoria de una asamblea destinada a "revocar" a Caballero como presidenta en funciones del comité de empresa. En este escrito, fechado el 12 de junio, los trabajadores defienden que la convocatoria cuenta con el "requisito" de ser respaldada por al menos "un tercio" de la plantilla, siendo fijado el 25 de junio como fecha de la asamblea.
En paralelo, un total de 26 trabajadores de esta misma empresa ha elevado al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 un recurso contra la disolución resuelta por el Consistorio para la entidad, extremo comprendido en el acuerdo plenario que daba luz verde al plan de ajuste del Ayuntamiento de Sevilla.
En concreto, una diligencia fechada el 6 de junio por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 y recogida por Europa Press, refleja que el acto administrativo objeto de recurso no es otro que el acuerdo plenario que, el 30 de marzo, daba luz verde al plan de ajuste promovido por el Ayuntamiento para acogerse al real decreto Ley 4/2012, que estipula vías de financiación para que las administraciones salden sus deudas con los proveedores a cambio de sacrificios inversores y contracción del gasto corriente. Este plan, como se recordará, contemplaba entre otros muchos aspectos la disolución de 'Sevilla Global'.
Entretanto, el pleno ordinario que el Ayuntamiento debe celebrar el próximo 3 de julio habría de debatir, y previsiblemente aprobar dada la mayoría absoluta con la que cuenta el PP, el texto definitivo de este expediente de disolución. A partir de entonces, la plantilla sería sometida a un expediente de regulación de empleo extintivo con efectos sobre todos y cada uno de los 52 empleados. El Ayuntamiento hispalense, no obstante, defiende que estudia la posibilidad de reintegrar en sus delegaciones a los trabajadores de 'Sevilla Global' que pertenezcan a determinados servicios, un extremo que aún habría de madurar.
El comité de empresa, de su lado, trasladó ya al consejo de administración de esta sociedad anónima un escrito defendiendo que es "radicalmente falso" que un "imperativo legal" obligase a disolver la empresa, aspecto inicialmente asociado al plan de ajuste acordado por el Consistorio para acogerse al real decreto Ley 4/2012. Posteriormente, el Consistorio atribuyó esta decisión a una supuesta ausencia de "eficacia o eficiencia" y a una "duplicidad" de servicios con relación al propio Ayuntamiento de Sevilla.
De cualquier manera, el comité de empresa entendía que la disolución, con efectos sobre 52 trabajadores, responde a "un mero capricho del interventor municipal y de los miembros de la Corporación que han votado a favor (...), dañando a las personas que trabajamos honradamente en esta sociedad".
