Pendientes de la fijación del juicio por el famoso caso de las caballerizas, la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, pretende dar una vuelta de tuerca a la presunta prevaricación en la que incurrieron, según la Fiscalía de Málaga, una decena de concejales del Ayuntamiento rondeño, entre ellos la propia alcaldesa, al autorizar en 2005, durante el primer gobierno PP-PA, la instalación de unas cuadras en la misma cornisa del Tajo.
La alcaldesa, quien hace siete años dio el visto bueno a la obra, recula ahora, y esta misma semana ha decretado de forma sorpresiva la demolición de dichas instalaciones, sorprendiendo a propios y extraños, entre ellos el propio promotor y gestor de las instalaciones, donde existe una escuela de equitación, quien no salía de su asombro tras conocer la noticia.
No fue la propia Fernández la encargada de dar a conocer la sorprendente decisión, sino el concejal de Obras, el andalucista Daniel Harillo, quien aseguró a un periódico provincial al que filtró la noticia que «se trata de una situación desagradable, pero la legalidad debe prevalecer sobre los gustos y preferencias que a nivel particular pueda tener cada uno». El concejal contó que había hablado del asunto con la alcaldesa y que habían acordado cerrar este expediente municipal con la petición de demolición «de gran parte de la instalación», situación contra la que únicamente cabe interponer un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses. El concejal dijo además que «no es plato de buen gusto tener que decirle a alguien que tiene sus sueños y puestos de trabajo presentes y futuros en estas instalaciones que tiene que derribar la edificación, pero no podemos mantener los expedientes abiertos. Y más en este caso, habida cuenta de que existe otro abierto por parte de la Fiscalía», terminó.
Por su parte, el propietario de la llamada Hacienda Puerto de las Muelas, Juan Jesús Guerrero, declaró a RONDA SEMANAL estar «asombrado» por tal decisión, al entender que el citado expediente municipal estaba ya más que cerrado pese a la paralela situación judicial del caso: «Lo único que está claro es que yo siempre he tenido la autorización del Ayuntamiento», dijo, al tiempo que recordó que «a mí me cobraron en su día por la licencia de apertura de la actividad, que llevo desarrollando desde hace años».
Guerrero, además, se mostró molesto al haber conocido el extremo del decretado derribo por la prensa: «Nadie me ha llamado, ni tengo más información que la que han trasladado ustedes», declaró a esta redacción a propósito de las informaciones aparecidas en la prensa; «espero que se pongan en contacto conmigo para saber cuáles son los motivos que hay tras la decisión», dijo.
Guerrero, que se mostró tranquilo «porque siempre he hecho todo según lo que me han ido diciendo», mostró dudas en torno a la decisión de la Alcaldía: «No sé qué pretenden o a qué viene esto; ni si hay intereses políticos tras este decreto», afirmó. En torno a posibles actuaciones contra la decisión dijo que esperará hasta conocer sus extremos, pero adelantó que «lucharé hasta el final porque a mí me dieron un permiso», concluyó.
Las instalaciones se encuentran situadas en la zona baja de las cornisas, en la Hoya del Tajo.
El asunto colea desde 2005
dEl caso «Caballerizas» está a la espera de la fijación de juicio tras que a finales de diciembre pasado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda acordara desestimar los recursos interpuestos por el propio promotor de las cuadras, así como por Mari Paz Fernández, la alcaldesa, y los antiguos concejales José Herrera, del PP; Carlos Gustavo González, ex Gil; y los ex concejales del PSOE Francisco Javier Navarro, Isabel Aguilera, Maribel Morales y Juan Fraile, todos ellos imputados junto a otros antiguos concejales, en total una decena, por presuntos delitos de prevaricación. Todos dieron el visto bueno a la construcción de estas cuadras en una comisión informativa en 2005. Entonces se dio la llamativa paradoja de que el proyecto fue aprobado por concejales del PP y del PSOE, así como ediles del extinto grupo GIL, cuando el PSOE estaba en la oposición tras la moción de censura que el PP firmó un año antes con los andalucistas entonces de Marín Lara, no aprobando éstos el proyecto y no quedando salpicados por este caso. La jueza imputó a los concejales, y hace apenas medio año ha desestimado algunos de sus recursos entendiendo que el auto recurrido se dictó «al considerarse que de las diligencias practicadas se desprenden indicios de criminalidad que avalan la imputación efectuada». Todos los imputados afirmaron en su día que autorizaron la licencia de obras al entender que se trataba de la rehabilitación de un inmueble ya existente. Herrera declaró a la juez que no dio ningún permiso.
