Ecologistas en Acción ha calificado hoy de "inmoral" el indulto concedido por el Gobierno al exalcalde de Valle de Abdalajís (Málaga) Tomás Gómez Arrabal (PP), que fue condenado por doce delitos de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004.
Gómez Arrabal, que fue alcalde entre 1995 y 2007, fue condenado en octubre de 2009 por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga a penas que sumaban nueve años y medio de presión -con el máximo de cumplimiento efectivo de tres años- por doce delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos continuados.
También fueron condenados otros tres concejales de su equipo de gobierno, que igualmente se beneficiaron del indulto del Ejecutivo central del pasado 29 de junio, que conmutó las penas impuestas por "otra única de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años", según consta en el Real Decreto.
El coordinador provincial de Ecologistas en Acción, Rafael Yus, ha explicado hoy en un comunicado que, "a lo escandaloso de descalificar, con abuso de poder, a la Justicia, se le une una fórmula moralmente inaceptable, pues da a entender que después de tres años, estos delincuentes podrían volver a delinquir".
Yus ha recordado que el exalcalde y sus compañeros urdieron una trama política para legitimar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, en un número no determinado, y concedieron licencias a sabiendas de que ello iba en contra de la ley.
"El fiscal solicitó entonces treinta años de prisión y 111 años de inhabilitación por los doce delitos, considerando que la trama actuó de común acuerdo y con unidad de acción y propósito", ha añadido.
Ecologistas en Acción considera que estos indultos, llevados a cabo contra las sentencias judiciales sobre la corrupción, constituyen "un atentado al Estado de Derecho y una dura burla al poder judicial".
Según Yus, con estos indultos, el Gobierno está dando un mensaje a la ciudadanía de que no sirve que la Justicia sea imparcial "si luego un partido político, por el hecho de estar transitoriamente en el poder, y de forma aparentemente gratuita y hasta sospechosamente partidista, es capaz de desautorizar todo un proceso legal".
Ha insistido en que todos los delitos contra la ordenación del territorio cometidos por el exalcalde deben ser condenados, para que sirva de escarmiento y advertencia para los futuros gobernantes y civiles que quieren construir viviendas en suelo no urbanizable, en contra de todas las leyes.
El pasado octubre, el Gobierno defendió este indulto como mecanismo que tiene la "capacidad de moldear los posibles efectos penitenciarios sobre los condenados", en una respuesta parlamentaria a UPyD.
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, preguntó por escrito al Ejecutivo en julio por los criterios que había aplicado para indultar al exalcalde de Valle de Abdalajís y por si creía que "conceder indultos a condenados por delitos de corrupción sirve para mejorar la imagen de los políticos en España".
En su respuesta, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Gobierno subrayó la "legalidad" de su decisión y su carácter "parcial".
La respuesta parlamentaria a UPyD hacía hincapié en que el indulto deja intactas las penas de inhabilitación para cargo público de diez años por cada delito y en que "no supone una exoneración de la gravedad de los delitos cometidos, ni de su importancia, ni del reproche social que merecen los hechos".
