Izquierda Unida ha querido abrir un nuevo debate en torno a las políticas de tráfico en la ciudad, y ha propuesto para su debate en el próximo pleno municipal una moción a través de la que se solicita que los vehículos no puedan superar en Ronda los 30 kilómetros por hora como máximo, cuando actualmente la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora.
Si el equipo de Gobierno acepta admitir el debate, el pleno tendrá que decidir si acepta tal reducción de velocidad, que Izquierda Unida defiende porque "se ha demostrado en ciudades donde ya se aplica que mejora incluso la circulación, pero además se evitan accidentes", refirió Álvaro Carreño, concejal de la formación, quien subrayó además el consiguiente ahorro energético y la menor contaminación de la ciudad.
Hace algo menos de una década, en 2004, el entonces concejal de tráfico, el socialista Pedro Fernández Coca, ya decidió la reducción a 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en Ronda, si bien unos meses después, tras cambiar el Gobierno en la ciudad, dicha medida quedó en suspenso y volvió a permitirse ese máximo de 50 kilómetros permitido como norma general para todas las ciudades. Actualmente, sólo en algunas zonas como las entradas a la barriada de la Dehesa, se fija ese máximo de 30 kilómetros en Ronda.
Existe todo un movimiento a nivel europeo que reclama unas ciudades más seguras y saludables. En España, además, hasta cuatro organizaciones se han sumado a la iniciativa de una ciudada alemana que pretende extender el límite máximo de 30 kilómetros por hora a todas las zonas urbanzas residenciales de la Europa. Así, Andando, Conbici, Ecologistas en Acción y Stop Accidentes intentan sumar 50.000 firmas para que se tramite una Iniciativa Ciudadana Europea. El movimiento pretende además ciudades que fomenten espacios de tránsito prioritarios para peatones y ciclistas.
OTRAS MOCIONES
Junto a esta moción, IU ha registrado en el Ayuntamiento otras cinco iniciativas. Una de ellas pretende el consenso del pleno para reclamar al Gobierno que dote de medios humanos la Oficina de la Tesorería de la Seguridad Social de Ronda, "para garantaizar el mejor funcionamiento de la misma y el mejor servicio al ciudadano", explicó Carreño. La oficina llegó a tener en su día hasta cuatro empleados; en la actualidad sólo hay uno "y no conoce todos los temas, lo que obliga a realizar continuas consultas", según el edil izquierdista.
La formación, además, denunciará en el pleno la supresión de servicios ferroviarios en Ronda: "Rechazamos cualquier privatización de RENFE o ADIF y pedimos el mantenimiento público de la gestión del ferrocarril". La moción reclama al Gobierno que mantenga las líneas que aparecen como no obligatorias de servicio público en su nuevo y polémico plan de racionalización: "Queremos que se mantengan los trayectos Ronda-Algeciras y Córdoba Bobadilla". En la moción se insta a la Junta a que haga presión ante el Gobierno Central.
La otra de las mociones, también contra los recortes, reclama el mantenimiento de los servicios sociales en Ronda: "Es muy grave. El Estado ha reducido en dos años hasta un 77 por ciento las partidas que transfiere para los servicios sociales comunitarios en los municipios. Este 2013 ha eliminado directamente algunas de ellas. Pedimos por ello al Ayuntamiento y la Diputación que hagan lo que la Junta: poner más dinero. Reforzar la acción directa en beneficio de los ciudadanos que más lo necesitan contra lo que está haciendo el Gobierno", explicó Carreño.
Las dos últimas mociones se encaminan a apoyar a la pequeña empresa rondeña que presta habitualmente servicios de transporte escolar, exigiendo a la Consejería de Educación que en los concursos públicos prime criterios de cercanía o antigüedad: "Porque llegan grandes empresas, que tiran los precios, y se quedan con las concesiones, contra empresas que están en los territorios, como ocurre en Ronda, que forman parte de su tejido empresarial, y no pueden competir en esas condiciones".
Además, tras la entrada en vigor a finales de enero pasado de una ley andaluza que regula el comercio ambulante, contra la directiva europea Bolkestein que impide determinadas licencias por tipo indefinido, se reclama al Ayuntamiento que revise la ordenanza municipal que regula el comercio ambulante para que las licencias se aumenten a 15 años prorrogables, "no a uno o pocos años, lo que limita la inversión o el relevo generacional de las familias que se dedican a la venta ambulante". IU reclama que se controlen de este modo las concesiones para el zoco.
