La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), sindicato mayoritario en Laboratorios Pérez Giménez, ha dirigido un escrito al Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, que tramita el concurso de acreedores de la citada farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba), expresando sus dudas sobre la capacidad de gestión y el interés real en salvar la empresa que pueda tener su administrador único, Sergio Martínez, y también sobre la oferta de compra de los laboratorios presentada por la sociedad Gesfacor.
En este sentido, en el escrito, al que ha accedido Europa Press, CTA critica que la propuesta de convenio, presentada por Martínez y ya admitida a trámite por el juzgado, esté condicionada "a la venta de la unidad productiva" de los laboratorios, lo que hace que el sindicato se plantee "la duda de a quién irá a parar el dinero de dicha venta y si, una vez efectuada la misma, cabría la posibilidad de que la propuesta de convenio no fuese aprobada, o incluso de que fuese retirada, quedando la concursada abocada a la fase de liquidación, pero ya sin activos de los que obtener ingresos para la subsanación de las deudas con los trabajadores y acreedores".
En opinión del sindicato, "aún aprobándose la propuesta de convenio tras la enajenación de los activos afectos a la unidad productiva, podríamos encontrarnos a la concursada como una simple red de ventas de medicamentos que trabaja a comisión, sin activo alguno que la dote de valor económico más allá de su fondo de comercio, y que tendrá que soportar una deuda millonaria con los meros ingresos generados por las comisiones de la venta, ni con mucho los mismos ingresos que genera un laboratorio fabricante, lo que sin duda ofrece pocas garantías sobre el cumplimiento del convenio".
Además, CTA tiene "serias dudas" sobre la "capacidad de gestión del convenio" por parte de Martínez, pues, de su gestión al frente de los laboratorios lo que destaca son "las grandes pérdidas en que ha incurrido la compañía en el periodo de su mandato, con varios millones de euros en créditos contra la masa pendientes de pago, por lo que de aprobarse el convenio dudamos que el Martínez sea la persona capaz de dirigirlo hacia el éxito".
Pero es que, además, Martínez, además de administrador único de Pérez Giménez, también lo es "de la entidad Spheric Nanohealt, S.L., lo que no tendría relevancia a no ser que ésta última mercantil, cuyo capital social es de tan solo 3.600 euros, adeuda a Laboratorios Pérez Giménez y a los acreedores de ésta cantidades que superan los 52.000.000 de euros, por diversos conceptos".
A juicio de CTA, se hace evidente "la situación de incompatibilidad entre de los intereses que el señor Martínez representa al ostentar un cargo de la entidad Spheric Nanohealt, S.L., que por un lado es deudora de la entidad Laboratorios Pérez Giménez, S.A., la cual, hasta ahora y debido a la evidente incompatibilidad, ha omitido el ejercicio de cualquier acción contra Spheric Nanohealt, S.L., para exigirle que ésta cumpla con todas sus obligaciones pendientes, en particular el pago de los 2.582.687 euros pendientes de los dividendos pasivos y los 49.000.000 de euros que hay que pagar por las deudas reconocidas de la compañía", que suman los citados 52 millones.
Todo ello hace que el sindicato tenga "la certidumbre de que el señor Martínez está totalmente deslegitimado y no es idóneo para liderar proponer o plantear ninguna propuesta".
SOBRE GESFACOR
Por otro lado, respecto a la propuesta de compra de la unidad productiva presentada por Gesfacor, CTA recuerda al juez que dicha empresa se presentó al comité de empresa, a través del abogado que la representa, pero no les entregó "documentación alguna", ni tampoco les facilitaron a los sindicalistas "datos concretos de la propia empresa Gesfacor, ni de las condiciones en las que la misma adquiriría la unidad productiva" de los laboratorios, ni el número de trabajadores cuyo contrato asumirían o las condiciones de la subrogación de los contratos. Tampoco se informó al comité de empresa sobre la existencia de preacuerdos de contratos de fabricación.
Lo único que sí se dijo a los sindicalistas es que detrás de Gesfacor está Juan Carlos Fuentes Marín, "empresario conocido por la concursada por sus relaciones con la misma a través de las empresas Juelpharma, S.L. y Gold Group Pharma, S.L., la primera de las cuales mantiene a día de hoy una importante deuda con la concursada, que ha tenido que ser reclamada por vía judicial".
"Este dato, por si solo, no hace que CTA dude en absoluto de la capacidad, tanto económica, como gestora del señor Fuentes Marín y su equipo para asumir el reto empresarial que supone la adquisición de los activos de la unidad productiva, su puesta en valor y la garantía de los puestos de trabajo que ellos asuman, simplemente subrayamos el hecho de que habrá que pedir las máximas garantías, pues se trata de un empresario que mantiene una deuda impagada con Pérez Giménez".
A esto se suma, según recoge CTA en su escrito dirigido al juez, que "la coincidencia en tiempo y forma de la presentación de la propuesta de convenio contemplando la venta de la unidad productiva y de la oferta de Gesfacor para la compra de la misma, provoca" en el sindicato la "sospecha de connivencia entre el administrador único de la concursada y los responsables de Gesfacor", lo cual "da una ventaja a la propuesta de Gesfacor sobre otros posibles inversores, que, si tuvieran oportunidad, podrían tal vez plantear ofertas más atractivas por la compra de la unidad productiva para trabajadores y acreedores, entendiendo que la licitación pública al mejor postor sería la vía lógica y justa de acceder a la compra de la unidad productiva".
SALARIOS IMPAGADOS
Por último, el sindicato, en relación con "los pagos de gastos corrientes por delante de créditos salariales", ha manifestado su "perplejidad, preocupación y enfado ante el conocimiento de que se están pagando, desde el principio del concurso y además al contado, facturas de compras de materiales, gastos de suministros, tasas de colegios profesionales, y otros muchos gastos de muy distinta naturaleza y de fechas muy posteriores a la de la última nómina cobrada por los trabajadores, que es la extra de julio de 2012. Esta misma semana, después de que se sepa que la situación patrimonial es negativa, se han efectuado pagos de créditos que no son públicos o salariales".
Esto, "si bien podría argumentarse por la administración social o concursal como una manera de mantener la actividad por el bien del concurso", bajo el punto de vista de CTA "es un mantenimiento de la actividad a costa de los trabajadores", pero sin haberles consultado si estaban "dispuestos a postergar" el cobro de sus nóminas "en aras del mantenimiento de la actividad".
Por ello, CTA solicita al juez "que recuerde a la administración concursal la preferencia del crédito salarial sobre cualquier otro gasto corriente" y también le pide "que dé traslado a esta Sección Sindical de toda la documentación" sobre "ofertas de compra de la unidad productiva" que reciba el Juzgado, "así como de las decisiones que adopte" al respecto.
