El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz Bono, acude este martes a la Ciudad de la Justicia para ratificar la denuncia que ha dado lugar a la apertura de diligencias previas encaminadas a investigar si se hizo un posible uso fraudulento entre 2009 y 2012 de los fondos públicos de una cuenta bancaria de la Junta después de que se detectasen movimientos presuntamente irregulares por un cuantía que ronda los 300.000 euros.
Ortiz Bono está citado a las 10,00 horas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para prestar declaración en calidad de perjudicado y ratificar el contenido de la citada denuncia, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
Las irregularidades en la cuenta bancaria, en la que se ingresan las tasas en concepto de aprovechamientos forestales, y los "muchísimos movimientos supuestamente delictivos", se detectaron durante el proceso de fusión de los departamentos de Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente de la Junta andaluza en Almería.
"La secretaria de la Delegación me lo comunicó y yo lo puse en conocimiento inmediato de los servicios jurídicos para interponer la denuncia", indicó ya a Europa Press Ortiz Bono, quien precisó que se trata de una cuenta que "no se ha sometido a fiscalización y en la que se han registrados muchísimos reintegros sin justificar y sin memoria que detalle a qué se destinaron".
En la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente García al frente de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.
En este sentido, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, reveló que los poderes para operar en la cuenta y emitir "cheques al portador" lo ostentaban "un funcionario y un cargo político". La cuenta ya está normalizada y sometida a fiscalización.
La exdelegada provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería Sonia Rodríguez solicitó la pasada semana al juzgado instructor su personación como perjudicada en las diligencias. Rodríguez se desvinculó de los hechos denunciados al asegurar que no tuvo "conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron".
