El Grupo Municipal Socialista denuncia el "derroche de dinero público" que está suponiendo la contratación externa de servicios jurídicos por parte del Gobierno del PP. De hecho, en la Junta de Gobierno Local del pasado día 9 de mayo, el Gobierno municipal aprobó una partida de casi 20.000 euros para contratar a la entidad Deloitte Abogados para ejercer la defensa jurídica del recurso de casación que ha interpuesto en el Tribunal Supremo en relación al ERE municipal, además de otra partida por un importe de 7.018 euros para la contratación de los servicios jurídicos de Sagardoy Abogados para ejercer la defensa judicial del Ayuntamiento frente al recurso de protección de derechos fundamentales, es decir, el acuerdo de libre designación que afecta al personal municipal.
El Grupo Municipal Socialista considera un "auténtico despropósito" que el Gobierno del PP destine dinero público a la contratación de servicios externos de los casos judiciales que tiene abiertos, teniendo en cuenta la grave situación económica del Ayuntamiento y recuerda que la defensa jurídica del ERE va a costar a los jerezanos unos 80.000 euros en primera instancia (60.000 euros fue la primera partida que se aprobó para la contratación de la auditora Deloitte en todo lo que ha supuesto la tramitación y elaboración del expediente de regulación de empleo a lo que se sumará otros 20.000 euros para la defensa del recurso ante el Supremo).
"Todo ello sin tener en cuenta el gravoso coste que va a suponer finalmente la aplicación del ERE que el Alto Tribunal ha declarado “no ajustado a derecho” y “arbitrario”, con el pago de las indemnizaciones a los trabajadores que se verán incrementadas de forma considerable si el Gobierno municipal sigue en sus trece de no readmitir a los trabajadores despedidos; lo que elevará el coste que pagaremos todos los ciudadanos a más 25 millones de euros si finalmente se opta por la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, tal y como establece la sentencia del TSJA".
"Resulta, además, muy llamativo que el Gobierno del PP vuelva a confiar en la consultora Deloitte para ejercer la defensa jurídica, teniendo en cuenta que la sentencia del TSJA es demoledora al poner de manifiesto la “absoluta arbitrariedad” con la que se había seleccionado al personal afectado por los despidos, a pesar de que el PP no se cansó de repetir que era esta firma la que debería articular cuáles eran los criterios “objetivos y jurídicos” que debían regir la inclusión de afectados por el despido colectivo en el Ayuntamiento".
