La Diputación de Sevilla va a destinar un fondo económico, que gestionarán las dos universidades sevillanas, con la idea de compensar a los alumnos de la provincia afectados por la política de becas del Gobierno de la nación, un fondo que parte de 30.000 euros, pero cuya cantidad no está cerrada, ya que se incrementará en función de las necesidades que las universidades hagan constar y de las posibilidades que el presupuesto de la Diputación vaya ofreciendo.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido este jueves un encuentro con los rectores de las dos universidades sevillanas, Antonio Ramírez Arellano, de la Hispalense, y Vicente Guzmán Fluja, de la Pablo de Olavide, que tenía un objetivo muy concreto: sumar acciones de las tres instituciones, ante las repercusiones que el Decreto que el Ministerio de Educación tiene pendiente de aprobación, con la nueva regulación de becas, va a traer a las economías familiares de los universitarios de la provincia.
Durante el acto, Rodríguez Villalobos ha señalado ante un tema de "especial importancia" para los rectores de las dos universidades de la ciudad, el presidente de la Diputación "no puede mirar para otro lado", ya que es un problema que afecta "no sólo a los estudiantes de la capital sino también a muchos que proceden de pueblos de la ciudad". Por esta razón, ha indicado que "se van a planificar unos programas y actuaciones de colaboración con el fin de paliar la problemática que en la actualidad tienen los estudiantes universitarios".
De esta manera, el presidente de la Diputación ha explicado que ya que "existe una muy buena relación" entre las universidades de la ciudad y el organismo ya cuenta con un marco de convenio con estas, se pretende inyectar unos fondos a repartir entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, que serán otorgados a los estudiantes por ellas mismas. Asimismo, ha señalado que en principio la cantidad que la Diputación inyectará en este programa es de 30.000 euros, pero que "no es una cantidad cerrada, ya que puede variar a lo largo del año".
De igual forma, el presidente ha querido incidir en que estos fondos serán complementarios de la "relevante" aportación de todos los años realiza la Diputación en las residencias de Blanco White y Pino Montano, "que alimentan y dan alojamiento a los estudiantes que provienen de los pueblos". Asimismo, el presidente ha indicado que "se facilita una ayuda mayor a aquellos estudiantes de zonas rurales, ya que sería una vergüenza tener a un joven con capacidad para estudiar en un pueblo sin darle posibilidad de ello por no contar con los recursos suficientes".
Por otro lado, ha informado que se encuentran "en proceso de negociación con distintos alcaldes" que aportarán desde sus ayuntamientos pequeñas cantidades de 6.000 u 8.000 euros que se unirán a la aportación de la Diputación para su posterior entrega a las universidades.
"EL NUEVO BORRADOR DE BECAS DESVIRTÚA EL CONCEPTO DE AYUDAS"
Ramírez Arellano ha indicado que "están ante un problema importante y que el nuevo borrador de becas presentado por el Gobierno central, desvirtúa totalmente el concepto de ayudas para el estudio universitario que se ha tenido durante los últimos 30 años". Asimismo, ha detallado que la Universidad de Sevilla cuenta con 60.000 estudiantes de los cuales 6.553 residen fuera del área metropolitana de Sevilla. De estos estudiantes residentes fuera de la capital, 5760 recibieron el pasado curso ayudas de residencia con una cuantía de 2.556 euros, y de transporte, con cuantías que iban de los 200 a los 1.000 euros dependiendo del caso en cuestión.
De este modo, el rector de la US ha señalado que debido a las exigencias del nuevo decreto de becas, "se perdería un 30 por ciento de los becarios por razones académicas, es decir, porque los estudiantes no alcanzan los requisitos establecidos, y que se han impuesto por parte del Gobierno como una medida de ahorro". Por esta razón, la Hispalense ha puesto en marcha un programa de ayuda, que se complemente con los ya existentes, y que "se guía por aspectos puramente sociales, sin tener en cuenta las últimas exigencias del gobierno, como se ha hecho siempre".
Asimismo, el rector de la US ha declarado que "se han planteado diversas alternativas a la problemática de muchos estudiantes del segundo pago de la matrícula, pero aún no se ha llegado a un punto definitivo, por lo que ahora más que nunca se deben fomentar programas de ayuda para los estudiantes".
Por su parte, Guzmán Fluja, ha explicado que, en la Universidad Pablo de Olavide, uno de cada cuatro estudiantes es becario, lo que supone que haya unos 3.000 estudiantes afectados por el recorte en las ayudas universitarias. El rector de la UPO ha añadido que "esta rebaja de las cuantías no se ciñe a su impacto en las universidades y en los estudiantes, sino a todo aquello que mueve el mundo estudiantil universitario, como puede ser por ejemplo el mercado de la vivienda".
Además, ha subrayado que aproximadamente un 40 por ciento de los becarios de la UPO son de la provincia de Sevilla, "por lo que dependen de un alquiler de vivienda o del transporte" y ha estimado que la pérdida de ingresos vía becas afecta a la economía de la provincia "en unos dos millones de euros". En este sentido, el rector ha señalado que la UPO "está procurando que el impacto sea el menos dañino posible en nuestra comunidad universitaria".
Además, tanto el presidente de la Diputación como los rectores han anunciado su intención de contactar con otras instancias que pueden sumar a esta estrategia, como Renfe y el Consorcio de Transporte, para aunar esfuerzos en materia de trasporte y facilitar el desplazamiento a los alumnos de la provincia que no puedan residir en la ciudad.
