El sindicato CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social presuntas "irregularidades" en la confección de un expediente de regulación de empleo (ERE) en el Ayuntamiento de Albox (Almería) ya que el procedimiento de negociación se habría "omitido" a favor de un "acuerdos individuales" con los empleados del Consistorio en los que, según el sindicato, se ha ejercido un "abuso de poder".
Según recoge la denuncia, consultada por Europa Press, el alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), así como uno de sus tenientes de alcalde "está reuniéndose de forma individual con los trabajadores sujetos a régimen laboral para llegar a acuerdos individuales" con ellos en lugar de favorecer una negociación colectiva para el ERE.
En relación a estas negociaciones, el sindicato apunta que presuntamente se está "invitando" a los trabajadores a "solicitar la conversión del contrato de trabajo a tiempo completo a un contrato de trabajo a tiempo parcial", una solicitud que "se fundamenta en motivos personales y familiares".
"Sorpresivamente, prácticamente la totalidad de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento ha solicitado tal conversión", señala la denuncia, en la que se ahonda sobre la "auténtica epidemia" que sufre la plantilla que presta sus servicios en el Ayuntamiento albojense que además utilizan un modelo de solicitud "idéntico en la inmensa mayoría de los casos".
En esta línea, CCOO precisa además que todas las solicitudes de reducción de jornada llevan fecha de 21 de junio de 2013, esto es, un día antes de que el pleno aprobara en sesión urgente y extraordinaria una propuesta de acuerdo para el estudio, viabilidad y realización de un ERE. Con ello, el sindicato ha criticado la manera "torticera" en la que, supuestamente, se ha tratado de hacer ver que las solicitudes son "ajenas a la decisión del pleno".
La organización sindical considera que además de un "abuso de poder" por parte del Ayuntamiento y un abuso de "la confianza y desconocimiento formal de la legalidad" por parte de los trabajadores, también podría estar dándose un "fraude" a la Tesorería de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo, por lo que se ha solicitado una investigación de los hechos y el cese "inmediato" de estas prácticas.
UNA "AMIGA" PARA ASESORAMIENTO LEGAL
El sindicato añade en su denuncia que desde este lunes hay una persona en el Ayuntamiento que se identifica como "asesora" del Ayuntamiento encargada de formalizar las cláusulas de modificación del contrato "advirtiendo que de no hacerlo --los trabajadores-- conformarán la lista de componentes del ERE". CCOO explica que la denuncia que el alcalde ha identificado a esta mujer como una "amiga" que "es o ha sido jueza de lo Social" en la que él tiene "plena confianza" y que ha sido contratada para "efectuar el asesoramiento legal en este procedimiento".
La organización sindical asegura que le han llegado informaciones sobre que, supuestamente, se estén alcanzando acuerdos con trabajadores que se encuentran en edad cercana a la jubilación obligatoria para "acordar su despido sin indemnización alguna" bajo el compromiso de "compensar" la pérdida de salario entre la actual situación de alta en la empresa y los emolumentos que percibirá durante el periodo en el que disfrute de la prestación por desempleo hasta su pase definitivo a la condición de jubilación.
Asimismo, aseguran que se estarían "prometiendo periodos de desempleo pactados" con una compensación similar al caso de las jubilaciones y "con el compromiso de palabra y mediante apretón de manos" sobre el retorno en fecha de enero de 2015 a la plantilla municipal sin que haya ninguna indemnización de por medio.
Además de todos esto, denuncia también que, de forma paralela, al conjunto de la plantilla de personal laboral y de funcionarios se le está concediendo la reducción de jornada estival "sin indicación alguna de la obligación de recuperar tal reducción durante el ejercicio 2013".
El actor social pide a la Inspección de Trabajo que, en caso de comprobar los hechos denunciados, se levante un acta de infracción por responsabilidad de los hechos, ya que con tales prácticas se está "haciendo la situación insoportable para los trabajadores", y se de traslado a la Fiscalía Provincial ante la posibilidad de que pudiera derivar en un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
