Izquierda Unida ha llevado hasta el Parlamento Andaluz la situación de crisis abierta en el seno del Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda (CEDER) tras la condena de su gerente, Juan Manuel Gutiérrez, por sendos delitos de malversación de fondos, falsedad documental y fraude de subvenciones durante su etapa como alcalde de Benadalid y por la tramitación del proyecto La Posada de Benadalid. Así, los parlamentarios malagueños José Antonio Castro y Lola Quintana han formulado una pregunta con ruego de contestación por escrito al mismo Consejo de Gobierno de la Junta demandando que éste se pronuncie en torno a la situación en el CEDER "teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía financia la actividad de dicho organismo". IU pregunta además si el Gobierno Andaluz ya se ha puesto en contacto con la Junta Directiva del CEDER para averiguar "el alcance de lo ocurrido" y cuestiona además: "¿Piensa el Consejo de Gobierno actuar de algún modo para evitar que fondos públicos puedan ser gestionados por una persona condenada por tan graves delitos?".
En la pregunta, la coalición de izquierdas recuerda el juicio y condena de Gutiérrez y denuncia, pese a que la pasada semana tales extremos fueron negados por el presidente de la entidad, Alfredo Carrasco, que éste invalidó tras su anulación una votación del órgano de dirección que acordó por mayoría el despido del gerente.
"Prometimos que haríamos saber todo lo ocurrido a la Junta y eso hemos hecho", informó hoy en rueda de prensa Álvaro Carreño, coordinador comarcal de IU, quien ofreció a la prensa los detalles de dicha pregunta parlamentaria.
Carreño se mostró especialmente crítico con la actuación de presidente del CEDER y su Junta Directiva la pasada semana, tras exigir la inmediata dimisión de Gutiérrez al entender que éste habría ocasionado un perjuicio económico a la entidad superior a los 265.000 euros. Carreño vino a insinuar que el CEDER ha venido encubriendo a Gutiérrez y exigió que se corrija tal situación mediante una reclamación civil por parte de la entidad de las cantidades a las que ésta habría hecho frente tras los hechos condenados por la Audiencia Provincial.
