Las autoridades cubanas podrían haber manejado datos sensibles de más de 80 millones de latinoamericanos gracias a los servicios de implantación de identificación electrónica que ofreció a gobiernos latinoamericanos afines al chavismo y llevado a cabo a través de una red de empresas de exportación de productos informáticos.
En 2007 Cuba y Venezuela llegaron a un acuerdo comercial por 172 millones de dólares (uno 129 millones de euros) para la implantación del documento de identidad electrónico venezolano, lo que abrió las puertas a empresas estatales de la isla para participar como intermediarios y proveedores en el mercado de documentos de identidad con chip.
La negociación entre Caracas y La Habana, que nunca llegó a ser pública, permitió a Cuba, supuestamente, no sólo manejar datos sensibles de los venezolanos sino que constituyó una oportunidad para ampliar sus horizontes estratégicos.
A partir de este acuerdo, las empresas cubanas tuvieron el visto bueno de otros países latinoamericanos afines a Venezuela, como Argentina y Bolivia, para poner en marcha el diseño y manejo de nuevos sistemas de identificación electrónica. Esto, en principio, les habría permitido gestionar los datos personales de más de más de 80 millones de ciudadanos en Latinoamérica, según informa el periódico venezolano 'El Universal'.
"Hemos desarrollado una tecnología que nos ha permitido afrontar con éxito la seguridad de un país asediado", dijo Rolando Gómez, embajador de Cuba en Bolivia, cuando fueron presentados en La Paz los sistemas de emisión de pasaportes con chip, en 2012. En ese acto dijo que así lograron controlar la subversión. "Ha sido neutralizada a partir de nuestros propios sistemas de seguridad, mediante el control de entrada y salidas al territorio para ejercer plena soberanía", añadió.
En Argentina, con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios) los datos biométricos de la población serán incorporados en un chip en el pasaporte y podrán ser utilizados y cruzados por todas las fuerzas de seguridad pero ya ha habido detractores que lo critican. "Argentina tiene el régimen de vigilancia más agresivo de todos los Estados latinoamericanos de tamaño mediano", alertó Julian Assange, fundador de WikiLeaks, el pasado julio.
En Bolivia, los técnicos cubanos, venidos bajo varias compañías, recalaron en 2009 para poner en marcha un censo electoral con datos biométricos que incluía las huellas y señas físicas de los ciudadanos y posteriormente la elaboración de los pasaportes electrónicos. En 2012, Bolivia volvió a contar con los servicios cubanos para la provisión de software, licencias y hardware especializado para el Sistema Migratorio Nacional que ayudasen a detectar aquellos provenientes de "países de riesgo", así como registrar las entradas y salidas de extranjeros que estuvieran en "listas negras de instituciones bolivianas u organismos internacionales".
Esta red de compañías públicas de exportación de productos informáticos dependen del Ministerio de Informática y Comunicaciones, que primero estuvo bajo el mando del general Ramiro Valdés, considerado el artífice de los sistemas de inteligencia política cubanos. Otras compañías están adscritas al Ministerio de Interior cubano, al cual le reporta la Dirección General de Inteligencia, conocida como G2, servicio considerado por expertos como uno de los cinco mejor entrenados del mundo.
Los detractores de estas colaboraciones ponen en entredicho que los cubanos se limiten a ofrecer a los gobiernos herramientas para la preservación del orden y la seguridad ciudadana.
"Estas compañías forman parte de una estrategia cubana para extender sus redes de inteligencia en la región y son en realidad una fachada del G2 que les permite tener control de los sistemas de emisión de documentos de identidad con lo cual pueden otorgárselos a cualquiera", señala el exasesor del Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela Anthony Daquin, quien participó en los procesos de selección de los proveedores para la cédula y pasaporte electrónicos y ahora, según él mismo, se encuentra perseguido por Caracas por sus críticas al supuesto tutelaje cubano.
