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sociedad

Piden que la Ley de Servicios y Colegios Profesionales asegure igualdad de trato

El CERMI plantea que la nueva Ley regule las condiciones de accesibilidad universal y no discriminación a las que los colegios y corporaciones profesionales han de ajustar su actuación

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha plateado al Ministerio de Economía y Competitividad una serie de propuestas en relación con el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en fase de consultas en estos momentos, con objeto de que la futura norma legal "garantice la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con discapacidad en el ejercicio profesional".

   Así, en el primer bloque de propuestas, relativo a la igualdad de trato en el acceso, permanencia y progresión de las profesiones, el CERMI propone al ministerio que dirige Luis de Guindos que se desarrolle con más detalle el principio de igualad de trato en el empleo y la ocupación, derivado de la aplicación de la Directiva 78/2000 de la Unión Europea sobre esta materia, a la que en el anteproyecto "sólo se menciona de pasada". "Con la actual redacción no se protege adecuadamente contra la discriminación en el ejercicio profesional de las personas con discapacidad", ha apostillado.

   Además de las cuestiones sobre empleo y ocupación, en un segundo bloque, el CERMI plantea que la nueva Ley regule las condiciones de accesibilidad universal y no discriminación a las que los colegios y corporaciones profesionales han de ajustar su actuación, en la línea requerida por la Ley 51/2003, en lo relativo al acceso a bienes y servicios a disposición del público.

   De igual modo, el CERMI pide al Ministerio que incluya en el proyecto de ley "un precepto que obligue a los colegios profesionales a incorporar en sus estatutos o reglamentos de funcionamiento una serie de medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad, tanto profesionales del colegio como ciudadanos que pueden requerir servicios del mismo". De este modo, los colegios y corporaciones profesionales, por mandato de la ley, se verían obligados a contar con una política corporativa de inclusión de la discapacidad.

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