La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa, alega en las cartas colectivas del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que "los ingresos por prestación de servicios no son suficientes para cubrir los costes fijos y en especial los de personal", exponiendo que la cuenta provisional de resultados del ejercicio en curso apunta a pérdidas por valor de 1,46 millones de euros al cierre del año. Para la empresa, los 129 despidos y la externalización de 39 puestos de empleo son necesarios "para eliminar el déficit y buscar el equilibrio o superávit".
Como se ha informado, Mercasevilla ha comunicado este miércoles oficialmente a su comité de empresa y a los sindicatos mayoritarios los términos de este tercer expediente de regulación de empleo que afronta la compañía en los últimos diez años. Las cartas colectivas remitidas a los agentes sociales confirman la información ya hecha pública y, aunque señalan 115 puestos de empleo "afectados por la extinción", exponen que quedan sometidos a esta extinción "107 trabajadores fijos" y 22 miembros de la bolsa de empleo, con lo que "el número de trabajadores afectados es de hasta un máximo de 129".
EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS
Las cartas colectivas, igualmente, señalan "la externalización de determinados servicios en un número inicial de 39 trabajadores, estableciéndose la subrogación de los mismos en los pliegos del correspondiente procedimiento de contratación".
A la hora de defender las causas de esta dura reestructuración laboral que dejará a la plantilla en apenas una decena de empleados, Mercasevilla esgrime en estas cartas, recogidas por Europa Press, la necesidad de "eliminar el déficit" que sufre la empresa y promover "la búsqueda del equilibrio o superávit, así como la eficiencia de los recursos públicos". En este marco, la empresa alega que la cuenta provisional de resultados del presente año 2013, cerrada a fecha de 31 de mayo, refleja la previsión de cerrar el año con pérdidas por valor de 1.469.290 euros. Mercasevilla, cabe recordarlo, cerró 2012 con pérdidas de 552.728 euros, 2011 con beneficios pero por la reversión del aprovisionamiento del ERE acordado en 2007 y 2010 con pérdidas de 381.560 euros.
"DÉFICIT ESTRUCTURAL"
"Los ingresos por prestación de servicios no son suficientes para cubrir la estructura de costes fijos y, en especial, los costes de personal", expone Mercasevilla en sus cartas colectivas acerca de este "déficit de carácter estructural" en el que "los ingresos no pueden crecer por las limitaciones de ocupación de la unidad alimentaria, donde los costes de personal, ya de por sí sobredimensionados, aumentan año tras año".
"Si la entidad continúa la actividad con la estructura de gastos y el estancamiento de sus ingresos, la situación deficitaria se mantendrá permanentemente. Esto conlleva la desaparición de la entidad en un plazo mínimo de tal vez uno o dos años", expone además la empresa. En ese sentido, las cartas exponen que sus previsiones reflejan un escenario en el que Mercasevilla registraría supuestamente en 2016 un patrimonio neto "negativo" de 13,6 millones de euros. Los despidos, de cualquier modo y como también figuran en las cartas, se harán efectivos el día 12 de agosto.
LA LIBERALIZACIÓN DE LA LONJA
El día 12 de agosto, por cierto, entra en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado. La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.
En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.
