A falta de unos meses de la adjudicación y entrega de las viviendas ubicadas en la ermita de Santa Clara a los vecinos de la barriada de José Antonio, aún se desconocen cuáles van a ser las condiciones por las cuales se va a hacer el traslado de los vecinos a los nuevos inmuebles. Esto se debe, tal y como han explicado los portavoces de los vecinos de José Antonio y el Foro Social Portuense, a que se han anulado las últimas tres reuniones con la Junta de Andalucía en la que pretendían aclararse algunos de estos aspectos.
Uno de los que más preocupa a los vecinos, sin lugar a dudas, es el ámbito económico. Y es que, tal y como ha desglosado el representante de los vecinos de la barriada portuense, José Antonio Oliva, en el convenio “lo que se firma son 43.000 euros por la expropiación, por lo que todo el mundo va a percibir la misma cantidad por los 36 metros cuadrados de su vivienda y este dinero se equipara de la antigua en José Antonio, a la nueva en Santa Clara”. Según convenio, la cantidad restante que tendrían que asumir los vecinos (1.200 euros el metro cuadrado) – dado que las viviendas en la ermita son mayores que las de José Antonio – se pagarían en 25 años. De esta forma, y como ha señalado Oliva, en las viviendas de dos habitaciones, que son de 58 metros cuadrados, se pagarían 82 €/mes; y en las de tres habitaciones, que constituyen un total de 69 metros cuadrados, se pagarían 134 €/mes. “Ahora, sin embargo, hablan de 212 euros, para las de tres habitaciones, y 188 euros, para las de dos, o incluso han hablado, según un decreto de la Junta, de que los vecinos pagaran el 25% del salario, y hablamos de personas que pueden cobrar entre 400 y 500 euros, con lo que estaría muy por encima de esas cantidades que ellos plantearon en el convenio”, ha asegurado José Antonio Oliva. Estas propuestas se han ido realizando a lo largo de las reuniones que han tenido lugar durante este 2013 y en las que ni vecinos ni Junta de Andalucía han conseguido llegar a un consenso, puesto que “las cantidades que nos demandaban eran desorbitadas para la situación de las familias que viven en estas barriadas”.
Este aspecto inquieta de forma especial a los vecinos de José Antonio, ya que no llegan a comprender ciertas cuestiones que en su momento se plantearon. “El convenio recoge un régimen especial para los vecinos de José Antonio, por lo que no entendemos este régimen si ahora la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) quieren conseguir unos beneficios económicos con las viviendas”, ha señalado Oliva.
Además, y en lo relativo a la expropiación, los vecinos indican que la Junta de Andalucía “plantea canjear una vivienda por otra, ya que no hay liquidez para pagar a las familias, por lo que nosotros proponemos que si no se pueden materializar estos pagos, se haga un calendario o esta cantidad se descuente de los 14 o 15 años que tendrían que pagar los vecinos por la nueva vivienda, ya que hay una serie de gastos de mudanza que tendrán que afrontar los vecinos de José Antonio”.
También en el plano económico, se ha subrayado que de las familias que se establecerán en la ermita de Santa Clara, 25 son pensionistas, cobrando pensiones muy bajas y que de los que pueden acceder a estos inmuebles - ya que los datos aún no están cerrados - únicamente 12 son trabajadores, “y además en precario”.
Otra de las cuestiones que han planteado ha sido el hecho de qué va a ocurrir con aquellas personas que son herederos de los inmuebles en la barriada. “En principio, la Junta no contempla a estos vecinos, porque, al no ser los titulares de las viviendas en José Antonio, no los recoge el convenio, pero nosotros estamos dispuestos y lucharemos porque estas personas estén incluidas. Hablamos de ocho, diez o doce vecinos que ya fallecieron pero que, en su momento, lucharon por una causa, codo con codo con nosotros y aunque no sabemos dónde estarán, lo que podemos asegurar es que estuvieron viviendo más de 15 años en el infierno”, ha aseverado el portavoz de los vecinos.
Desde José Antonio puntualizan que no están pidiendo más que se cumpla el convenio que data del año 2009, así como la necesidad de que, próximamente, se lleven a cabo estas mudanzas, ya que “las familias han sufrido mucho y lo que quieren es tranquilidad”. En este sentido, el portavoz de los vecinos ha explicado algunas circunstancias que se han venido repitiendo a lo largo de estos años, como el hecho de que los hijos de estas familias “no han podido salir a jugar a la calle como el resto de los niños por temor de que pudiera ocurrir algo, así como que se nos haya tachado de delincuentes y traficantes, habiendo gente en la barriada que intentaba convivir dignamente”.
Necesidad de un plan social
Hace ya casi un año de la visita que realizó el delegado provincial de Vivienda, Manuel Cárdenas, a la barriada de José Antonio. En esta visita, además de tratar con los vecinos la realidad social que se vivía diariamente en la zona, se materializó el compromiso de que las obras estuvieran cuento antes para que los vecinos pudieran vivir dignamente. Aun así, esto no era lo único ni lo esencial, ya que desde la delegación territorial hubo un compromiso que iba más allá, un compromiso que se materializaba con un plan social para la zona.
Sin embargo, y a fecha de hoy, éste es otro de los grandes asuntos a tratar. “El foro siempre ha pedido una intervención social en esta zona, creemos que no se ha hecho nada. Ha habido muchas reuniones, muchas promesas y a unos meses de entregar los pisos no se ha hecho nada por avanzar”, ha apuntado Rafael Portela. Un compromiso que nacía con el objeto de que ambas administraciones, tanto la Junta como el Ayuntamiento local, se sentaran a trabajar, pero de la que no se tiene noticias al respecto.
