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El hijo de una linense indultada en Bolivia agradece el apoyo social

Álex y su hermano, de 22 y 27 años, la esperan "con los brazos abiertos" en Denia, donde vive la familia desde hace más de veinte años y a donde María Dolores Sánchez llegará "el viernes o el sábado"

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Álex, hijo de María Dolores Sánchez, española nacida en La Línea que padece un cáncer terminal y que ha sido indultada por el Gobierno de Bolivia, agradece el apoyo de las casi 170.000 personas que han firmado la petición que permitirá el retorno de su madre, encarcelada desde hace 5 años en ese país."Está muy contenta y muy nerviosa, casi no se le entendía de lo nerviosa que estaba, tiene muchas ganas de venir", ha comentado su hijo Álex, que ayer pudo hablar telefónicamente con su madre después de que esta mujer, nacida en la localidad campogibraltareña hace 47 años, firmara el documento que la convierte en la primera persona en beneficiarse del indulto aprobado el mes pasado por el Gobierno de Bolivia.

Álex y su hermano, de 22 y 27 años, la esperan "con los brazos abiertos" en Denia, donde vive la familia desde hace más de veinte años y a donde María Dolores Sánchez llegará "el viernes o el sábado", según su hijo.

El hijo de la mujer explica que "no hay dinero para muchas sorpresas" porque él está en paro y con el sueldo de su hermano, que trabaja en un restaurante, tienen que pagar el alquiler de la casa en la que viven después de haber sido desahuciados de la que compartían con su madre.


Intentar evitar ese desahucio fue, según explica, la razón que impulsó a su madre, que trabajaba en Denia de limpiadora, a irse de "mula" a Bolivia, para conseguir un dinero con el que poder afrontar la hipoteca.

A ella la cogieron y en 2008 fue condenada a ocho años de prisión y la encarcelaron en el Centro Penitenciario Palmasola, donde ha cumplido cinco años y medio de su pena. Entre tanto sus hijos fueron desahuciados.

Por falta de recursos en estos cinco años no han podido ir a Bolivia a visitar a su madre en la cárcel, donde le fue detectado un cáncer de mama, por el que, según asegura Álex, no ha recibido tratamiento médico.

"Ahora va en silla de ruedas y le dan calmantes, está decaída", dice su hijo mientras asegura que no ha querido ser operada en Bolivia porque "tenía miedo de no salir de allí, de no volver".

La movilización social que ha empujado para que María Dolores Sánchez pueda volver a reunirse con sus hijos se inició a raíz de un reportaje sobre esta presa que emitió el programa de La Sexta "Encarcelados".

"Nos llamó un periodista del programa y nos dijo que iba a salir", recuerda Álex, que entonces pudo ver que su madre estaba físicamente mucho peor de lo que él y su hermano pensaban.

A raíz de esta emisión también se puso en contacto con ellos la organización change.org, que les invitó a utilizar esta plataforma digital para recoger firmas con las que pedir el regreso a casa de su madre.

"Han recogido 170.000 firmas, me gustaría darles las gracias a todas estas personas, en nuestro caso la movilización ha funcionado y esperamos que valga para muchas personas más que lo necesiten", dice Álex.

Según explica la organización, la petición de los hijos de Lola "creció rápidamente a lo largo de dos semanas", con la ayuda de algunos programas de televisión, hasta el punto de que "el Ministerio de Asuntos Exteriores respondió a la misma a través de su cuenta de Twitter a los pocos días, asegurando que estaba haciendo gestiones en Bolivia al más alto nivel para conseguir el traslado de Lola", dice el portavoz de change.org en un comunicado.

Ahora sólo queda esperar unos días para su llegada a España, prevista "para el viernes o el sábado". Ella "echa de menos todo" así que sus hijos se preparan para recibirla y para, una vez aquí, ver, sobre todo, cómo afrontan su tratamiento médico.

Lola será la primera beneficiada por el decreto de indulto que el Gobierno de Evo Morales aprobó en septiembre, el segundo de este tipo en menos de un año, con el fin de beneficiar a presos condenados por delitos menores y aliviar el hacinamiento en los penales.

La normativa fue aprobada después de la muerte de 33 reclusos en una reyerta en Palmasola, el pasado 23 de agosto, considerada la mayor tragedia carcelaria de la historia del país.

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