La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha puesto este miércoles en marcha en el barrio granadino de Almanjáyar una experiencia piloto de trabajo comunitario en el parque público de viviendas de la Junta de Andalucía para compensar las rentas de arrendamiento de cinco familias "deudoras de buena fe".
El proyecto ha arrancado en esta primera fase con la selección de cinco familias inquilinas del portal 2 de la promoción de Casería de Aguirre con escasos recursos que, debido a su situación de desempleo, "no pueden materialmente" hacer frente al pago del alquiler y de la comunidad, que oscila entre los 100 y los 200 euros mensuales teniendo en cuenta ambos conceptos, según ha explicado el delegado de Fomento y Vivienda, Manuel Morales.
La Consejería que dirige Elena Cortés trabaja en otros proyectos piloto en Andalucía, concretamente en Córdoba, Almería y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), iniciativas a las que asegura que se irán sumando otras.
"Desde junio del año pasado, la Consejería no desahucia a nadie en el parque público por no poder pagar, atendiendo a la situación de emergencia social y habitacional. Nadie pierde una vivienda social por haberse empobrecido", ha añadido Morales.
Ello no significa, según ha explicado, que la Consejería "haya dejado de ejercer una labor del control riguroso del parque público". "La inmensa mayoría de los inquilinos de las viviendas abonan su renta, pero hay una minoría que, aunque lo pretenden, no pueden materialmente hacerlo, y en ocasiones son ellas mismas las que nos exponen su voluntad de contribuir de otra manera", ha dicho el delegado.
Morales, acompañado de los vecinos participantes en la iniciativa, ha explicado que la medida constituye "una oportunidad para dignificar lo público y para crear comunidad, implicando a las familias residentes en el cuidado del patrimonio de vivienda andaluz".
"La defensa de la dignidad de lo público y del compromiso vecinal en el cuidado de lo que es de todos es exactamente lo contrario de la caridad. Es reforzar el vínculo de responsabilidad de las familias con las viviendas públicas en las que residen, aunque a causa del desempleo no puedan hacer frente al pago de las rentas", ha añadido.
INSERCIÓN SOCIAL
El delegado ha subrayado que la Consejería ha seleccionado una persona por cada familia, tras constatar que no pueden hacer frente al pago de las rentas del alquiler por una situación de desempleo sobrevenido.
Las cinco familias participantes en la experiencia pintarán los elementos comunes del edificio, colocarán puertas para restringir el acceso a los patios comunitarios abiertos y renovarán las instalaciones eléctricas, deterioradas por actos vandálicos.
La Consejería de Fomento y Vivienda, que ha asumido el coste de los materiales, ha decidido en colaboración con la comunidad de vecinos comenzar con las obras consideradas prioritarias por los residentes en el edificio. En el desempeño de estas labores, esas personas estarán supervisadas por personal técnico de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antes EPSA) y por los trabajadores sociales que actúan permanentemente en la barriada de Almanjáyar desarrollando labores de inserción integral de esta población residente en el conjunto de la ciudad.
En ese sentido, Morales ha explicado que "este proyecto piloto no es una medida aislada, sino que se inserta en un trabajo muy ambicioso de integración social, sensibilización y corresponsabilidad que viene desarrollando la Junta desde hace años con los vecinos de Almanjáyar".
Las previsiones de la Consejería de Fomento y Vivienda es ampliar esta experiencia a otras familias deudoras de buena fe también residentes en la promoción de Casería de Aguirre, compuesta por 128 viviendas públicas en régimen de alquiler gestionadas por AVRA, en una zona especialmente afectada por el desempleo. Para ello, la Consejería realizará previamente una labor de inspección y verificación para constatar que existen razones justificadas para el impago del alquiler.
En la provincia de Granada, la Junta posee un parque público residencial de 7.700 inmuebles que garantizan el ejercicio del derecho a la vivienda a aquellas familias con escasos recursos que no pueden acceder a él en el mercado libre. De ese conjunto, en torno a un millar se localizan en el barrio de Almanjáyar de la capital granadina. En el resto de Andalucía este patrimonio se eleva a más 80.000 viviendas repartidas en medio millar de municipios y en las que residen 350.000 personas.
