El presidente de Diputación, José Loaiza, y los portavoces del PP, PSOE, IU y PA en la institución provincial se han reunido con los representantes de los comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz para confirmar la unidad de acción en torno al contrato de los buques de transporte de gas licuado (gaseros) que promueven las empresas Repsol y Gas Natural. Loaiza y los portavoces han refrendado la defensa unánime de las factorías de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, ya ejercida en el último Pleno de Diputación.
En un manifiesto conjunto han declarado la relevancia económica, industrial, social y cultural de Navantia. Un valor estratégico acreditado por el nivel de empleo que depende de los astilleros, su cifra de negocio y su incidencia en la facturación de la industria auxiliar. A tenor de estas magnitudes se insta al Gobierno de España claridad y transparencia para despejar la actual incertidumbre suscitada por la posible adjudicación del contrato de los gaseros a astilleros asiáticos.
En la reunión con los comités de Navantia se ha reconocido la solvencia tecnológica del grupo público español, capacitado para asumir el contrato de Repsol y Gas Natural. El manifiesto reivindica “carga de trabajo para los astilleros gaditanos y el mantenimiento de los tres centros y de todos los puestos de trabajo”.
Diputación mantendrá una colaboración permanente con los comités de empresa de Navantia y se compromete a difundir el valor de los astilleros públicos.
En representación de la plantilla de las factorías, José Antonio Oliva –presidente del comité intercentros de Navantia- ha argumentado la solvencia tecnológica de la empresa con referencias concretas: la propia Gas Natural felicitó a los astilleros por su anterior construcción de buques; “vamos a ser la primera empresa de fuera de Estados Unidos en mantener destructores de la marina americana”; “el contrato del S-80 (submarino) es tecnológicamente el más importante de Europa”; el buque Juan Carlos I, por su alta tecnología, abre expectativas de negocio; y los recientes Buques de Acción Marítima (BAM) incorporan 28.000 puntos electrónicos por control remoto que propician que un barco de una eslora de más de 100 metros sólo requiera 20 tripulantes.
Oliva ha mencionado la transferencia de tecnología de FABA –sita en el astillero de San Fernando- a la industria civil (como es el caso del GPS), además de referir que de las 5.500 personas que trabajan en la compañía “la mitad son ingenieros”. A su juicio las justificaciones esgrimidas desde Gas Natural, sobre una posible obsolescencia de Navantia, “son un subterfugio, una agresión”, considerando además que la construcción de los gaseros se limita a “una integración de sistemas” de patente francesa. “Es decir –en el caso de los buques de transporte de gas licuado- la tecnología se compra” sin que el astillero constructor aporte un valor añadido adicional.
Junto a José Loaiza han intervenido en la reunión Juan Antonio Liaño (PP), Irene García (PSOE), Pedro Romero (IU) y Jesús Plaza (PA). Con José Antonio Oliva, del comité de San Fernando, también comparecieron el presidente del comité de empresa de Navantia-Puerto Real, Ramón Linares y José Gallardo por parte de Navantia-Cádiz.
