Tras varias idas y venidas, por el momento el cementerio de la Soledad permanece dentro del tercer plan de pago a proveedores, más conocido como plan de ajuste, que el Ayuntamiento de Huelva ha aprobado definitivamente este miércoles en su pleno correspondiente a noviembre.
Este nuevo plan se anunció y aprobó inicialmente en el pleno de septiembre, y en ese momento se explicaba que entre las medidas contempladas, está el cambio de modelo de gestión en el cementerio municipal por un periodo de 50 años con una fórmula de cooperación público-privada y con un canon anual por la concesión de 700.000 euros.
En el pleno de octubre, el grupo municipal socialista llevó una moción al pleno, que fue rechazada, en contra de la privatización del campo santo onubense.
Sin embargo, a mediados de noviembre, con motivo de la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde, Pedro Rodríguez, dio un nuevo giro a la historia al asegurar que “ni se va a privatizar Emtusa, ni el cementerio... ni la gestión del cementerio. Tomen nota”.
Ante esta declaración de intenciones, el PSOE ha vuelto a llevar al pleno de noviembre, celebrado este miércoles, una nueva moción para que el cementerio quede fuera del plan de ajuste, pero sorprendentemente, ha sido rechazada por el equipo de gobierno.
El PP argumenta que se trata de un plan “vivo”, y por tanto, abierto a modificaciones, pero en el PSOE no entienden este “doble discurso”, y más aún cuando “se trata de un tema muy sensible y que puede suponer un mayor coste y un peor servicio para los ciudadanos”, ha indicado a Viva Huelva su portavoz, Gabriel Cruz, que ha precisado que son muchas las quejas ciudadanas que le han llegado al respecto.
Además, el socialista afirma que, pese a lo que quiera decir ahora el equipo de gobierno, lo que va a constar en el Ministerio de Hacienda y en el banco que conceda los 22,8 millones que se van a liberar con este nuevo plan de ajuste, es que parte del compromiso de pago que adquiere el Consistorio proviene de la privatización del cementerio, en concreto siete millones de euros, que saldrían de los primeros diez años de gestión privada del mismo. “Es una de las garantías con la que responden a este tercer plan de ajuste, por eso tememos que el alcalde no va a cumplir el compromiso que adquirió en el Debate del Estado de la Ciudad”, añade Cruz.
En cuanto a su posición de abstención en el pleno de este miércoles, al igual que el resto de la oposición, explica que “obviamente estamos en contra de este nuevo plan porque no es real, porque no son las formas, porque no aporta soluciones, y porque es consecuencia de una ruina de gestión, pero lo que se aprobaba era la firma para que los proveedores cobren, y no podemos oponernos a eso”.
De hecho, con los 22,8 millones del nuevo préstamo, se cubrirán 2.080 facturas de 24 proveedores onubenses.
Sin embargo, Cruz ha dejado claro que como consecuencia de los planes de ajuste el Ayuntamiento tiene que devolver “37 millones de euros solo en intereses a los bancos”.
Por su parte, el portavoz de IU en el ente local, Pedro Jiménez, ha lamentado que el Consistorio entre en una “espiral perversa” debido a los préstamos y sus correspondientes intereses. Y la concejal no adscrita, Yolanda Cabezas, también ha compartido que “no aumente” el endeudamiento del Consistorio.
Unanimidad en el IBI
De otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la iniciativa de Izquierda Unida para incluir un recargo del 50 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías propiedad de bancos y entidades financieras.
Dicha moción se ha aprobado incluyendo una transaccional propuesta por el equipo de gobierno por la que se creará una comisión para resolver las cuestiones administrativas que acarrea esta medida y que impiden que se lleve a cabo actualmente, de modo que se pueda poner en marcha a partir del año 2015.
Jiménez, ha explicado que con esta moción pretenden que “se facilite el acceso a estas viviendas vacías de las personas que las necesitan, tomando medidas que no faciliten la especulación por parte de los bancos y de las entidades financieras que son las propietarias de la mayor parte de las 8.507 viviendas vacías que hay en la ciudad”.
Además, esta iniciativa incluye otra propuesta para crear un reglamento para ayudar a los colectivos afectados por la actual situación de crisis a hacer frente al pago del IBI de sus viviendas.
Consignación para servicios públicos
Aprobadas las cuatro propuestas de compromiso de consignación presupuestaria para los próximos tres años: recogida selectiva de residuos, informática en contabilidad, obras menores y zonas verdes.
Cara y cruz en las mociones vecinales
Por unanimidad ha salido adelante la petición de IU de mejorar la seguridad vial en Julio Caro Baroja. Sin embargo, se ha rechazado la del PSOE relativa a un parque infantil en La Orden.
