Que cada palo aguante su vela. Es lo que vino a decir ayer el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, sobre el conflicto de la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia entre el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía. En este sentido, Maeztu, según recoge Europa Press, abogó porque el Ayuntamiento siga prestando el servicio de ayuda a domicilio a cambio de que la Junta de Andalucía adquiera un compromiso de pago de la deuda acumulada en relación a esta prestación y que cree un flujo permanente de pago para el próximo año, y de ese modo, que sea el Consistorio jienense quien preste el servicio, tal y como indicó el informe de la Fiscalía, que lo señalaba como competente a tal efecto, según reconoció ayer también el propio Maeztu.
Mientras tanto, la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, abrió de oficio a principios de diciembre una actuación para indagar acerca del conflicto, según indica también Europa Press. De esta manera, desde la Oficina del Defensor del Pueblo se va a requerir información tanto a la Junta como al Ayuntamiento, y, en función de la misma, se decidirá si se mantiene la actuación o se cierra.
Esta medida de Becerril se suma a la oferta de mediación que ha lanzado el Defensor del Pueblo andaluz a la Junta y al Ayuntamiento, y a un reciente dictamen de la Fiscalía jienense que considera al Ayuntamiento responsable de la prestación del servicio y en el que insta al Ejecutivo andaluz a saldar su deuda con el Consistorio por la ayuda a domicilio.
Por otro lado, el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, entregó ayer un informe al fiscal jefe de la Audiencia Provincia, Carlos Rueda, en el que se relataban algunos de las incidencias producidas desde que el pasado 4 de diciembre el Ayuntamiento dejara de prestar el servicio tras denunciar el convenio con la Junta por falta de pago.
Cazalilla lamenta que sea necesario que pase alguna tragedia para que se tomen cartas en el asunto.
Tras las declaraciones del Defensor del Pueblo andaluz, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro, se mostró convencida de que Maeztu le había dado la razón al exigirle a la Junta que pague la deuda, mientras que la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ángeles Jiménez, dijo sentirse aliada de Maeztu, porque comparte su deseo e interés “por proteger a las personas dependientes y las trabajadoras” que prestan el servicio de ayuda a domicilio, al tiempo que lamentó el diálogo de sordos que, mantiene el Gobierno regional con el Ayuntamiento de Jaén.
