La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición de la empresa VTTA Algeciras, S.L., compañía promotora del proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones para el almacenaje de productos petrolíferos en la Bahía de Algeciras, en Cádiz, ha retrasado el otorgamiento de la autorización ambiental unificada (AAU) hasta después del día 31 de enero. Por tanto, la Junta permanece a la espera de que expire el plazo de la prórroga solicitada por la promotora VTTA para conceder, si todo se atiene a la normativa vigente, dicha autorización.
Según ha indicado la Junta en un comunicado, el pasado mes de noviembre, la Consejería ya remitió al promotor el dictamen ambiental, paso previo a la concesión de la AAU. Posteriormente, el 5 de diciembre, la empresa VTTA Algeciras, S.L., solicitó la demora en la emisión de la autorización ambiental unificada por parte de la Junta de Andalucía hasta pasado el 31 de enero, basando su petición en la necesidad de solventar con el Ayuntamiento de San Roque un acuerdo sobre el trazado de las conducciones del oleoducto que unirán las futuras instalaciones de almacenaje con la refinería de Cepsa.
Además, con fecha 16 de diciembre de 2013, la empresa promotora pidió a la Consejería que instase al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es el organismo encargado de emitir la declaración de impacto ambiental (DIA), a que eliminase varios condicionantes incluidos en la citada declaración, ya que a juicio de VTTA no eran necesarios.
La concesión de la Autorización Ambiental Unificada tiene entre otros objetivos el garantizar el cumplimiento de los límites de contaminación fijados en la normativa; evitar y reducir en origen la producción de residuos y las emisiones y vertidos, y evaluar las repercusiones de las actividades autorizadas sobre la fauna y flora silvestre y sus hábitats naturales.
La AAU, prevista en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se caracteriza por simplificar en un permiso único los distintos procedimientos administrativos de prevención y control ambiental que actualmente se exigen para determinados proyectos y actividades económicas, incluidas las determinaciones resultantes de la evaluación ambiental de las actividades que se autorizan, entre las que se encuentran la explotación a cielo abierto de yacimientos minerales, instalaciones para la elaboración y fabricación de aceite o instalaciones industriales de productos petroquímicos y químicos.
