Este sábado 5 de julio se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo que implantó un sistema de plazos con aborto libre en las primeras 14 semanas, en plena polémica sobre su futura derogación, prevista por el Ministerio de Justicia para devolver esta cuestión al Código Penal, donde estuvo regulada entre 1985 y 2010.
Pese a que han pasado cuatro años, sólo existen datos oficiales sobre el resultado de la aplicación de esta norma correspondientes a 2011, cuando se practicaron 118.359 abortos, y 2012, cuando la cifra se redujo hasta los 112.390, en torno a un cinco por ciento menos. Los datos de 2013 no se darán a conocer hasta finales de este año.
Para las organizaciones de mujeres que ven en esta ley un avance en la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos, la reducción quitó la razón a quienes defendían que el aborto libre iba a disparar las cifras en España. Las mismas entidades han venido lamentando que el que iba a ser el eje de la legislación, la promoción de la salud sexual, no fuera desarrollado con la profundidad esperada.
Por su parte, las organizaciones antiabortistas, han venido reclamando la derogación inmediata de la norma por considerar que se trataba de una barbaridad impropia de un país civilizado permitir la eliminación libre de vidas en gestación. Frente al "coladero" que en su opinión suponía la ley de 1985, la llamada 'Ley Aído' es a su juicio, "aberrante".
La norma, generada en el extinto Ministerio de Igualdad y gestionada actualmente por la cartera de Sanidad, permite además abortar hasta la semana 22 "siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto" y en cualquier momento de la gestación si lo que se detectan son "anomalías fetales incompatibles con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave e incurable" en el no nacido.
Este aspecto motivó una recomendación a España del Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, esperando que modificase la ley de forma que no se estableciesen plazos más elevados para los gestados que padeciesen algún mal discapacitante.
Este era también uno de los argumentos que esgrimió un grupo de diputados del Partido Popular al recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, institución que aún no se ha pronunciado ni tiene previsto hacerlo a corto plazo. El Consejo de Estado, consultado durante la elaboración de la norma, dijo que ésta encajaba en el orden constitucional.
El Partido Popular ganó las elecciones de 2011 con la promesa de reformar la norma y, en concreto, "cambiar el modelo actual de la regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida así como de las menores", tal y como decía su programa.
El encargado de cumplirlo no ha sido el titular de Sanidad, sino el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha optado por hacerlo derogando la ley de 2010 y recuperando un sistema de supuestos despenalizados en el Código Penal similar al que figuraba en 1985.
Su anteproyecto, que llegará en breve en segunda vuelta al Consejo de Ministros, sólo contempla como legales el aborto en caso de violación o de riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, peligro éste que habrá de acreditar con toda una serie de informes médicos.
Aunque tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal han recomendado que se introduzca asimismo la despenalización del aborto en casos de malformación fetal, el Ministerio de Justicia no ha concretado sí lo hará, aunque tiene claro que la discapacidad "jamás" será un supuesto en sí mismo. Se baraja ahora la posibilidad de introducir una lista cerrada de patologías fetales graves para las que sí se daría amparo legal al aborto.
La iniciativa ha suscitado la contestación tanto de quienes son contrarios a derogar la legislación vigente, que consideran una involución, un retroceso y una agresión a los derechos de las mujeres, como de quienes esperaban una política de aborto cero, para quienes la norma, bien encaminada, peca de poco ambiciosa.
La última polarización social al respecto se escenificó este jueves en el Congreso de los Diputados, donde se dieron cita dos eventos simultáneos, uno defendiendo el derecho a decidir y otro el derecho a la vida, que contaron con diputados y representantes de grupos y partidos distintos del arco parlamentario.
