El Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha instado a la Junta andaluza a posicionarse después de la reclamación patrimonial de 358 millones interpuesta por Gas Natural Fenosa por la paralización a la que la administración autonómica ha sometido a su proyecto de almacén de gas en suelos del parque de Doñana.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ya confirmó en este sentido que la Europa Press que la Junta ha elevado consulta a la Unión Europea en la que le cuestiona por la normativa que prevalece y los pasos a seguir después de que, tras un encuentro entre las partes, la actual titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, haya confirmado a la consejera que el Estado no tiene intención de modificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto.
Ya en los días en los que Miguel Arias Cañete era el titular del Ministerio, el Estado entendía que la DIA era correcta y no susceptible de cambio, pese a que la administración regional aludió a la posibilidad de modificación a raíz de la problemática de Castor y la "contestación social", por el "impacto" que la acumulación de hasta cuatro proyectos podría tener sobre Doñana.
A esta tesitura se remite el diputado de IULV-CA Manuel Baena en una pregunta parlamentaria, consultada por Europa Press y dirigida para respuesta oral ante el Pleno. Ante la "discrepancia" entre dos administraciones, y a raíz de que Bruselas contaba con un expediente abierto sobre asunto, "que decidieron cerrar al no autorizarse la iniciativa, pero pendientes de la decisión que se tomara", la Junta ha decidido "preguntar qué hacemos" a la Unión Europea, a la que pretenden establecer de árbitro a causa de su pretensión de incluir estudios sobre el impacto acumulativo y sismológico de la acción.
La Junta de Andalucía tiene suspendida la resolución de la autorización ambiental unificada hasta tanto no se garanticen las consecuencias del valor acumulativo de los proyectos de Gas Natural en Doñana y las consecuencias sismológicas.
La Comisión Europea, de su lado, ya confirmó a Serrano que necesitaba más información del Gobierno español y de las organizaciones que interpusieron una queja contra los proyectos de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana antes de emitir un dictamen sobre el expediente.
