La sociedad Urbanizadora Rojas, antes conocida como Ferro Grupo Inmobiliario, tiene aún pendiente el cumplimiento de la sentencia emitida en mayo de 2013 por el juzgado de Primera Instancia número diez de Sevilla, condenando a esta empresa a devolver aproximadamente 13.500 euros a uno de los adjudicatarios de las 72 viviendas de protección oficial que Ferro promovía en el municipio aljarafeño de Tomares y cuya construcción quedó paralizada allá por 2010.
Hablamos de las viviendas protegidas del residencial Aldana, promovido en Tomares por el Grupo Ferro merced a un programa de la Junta de Andalucía y formado por cuatro bloques de viviendas. Los tres primeros bloques fueron finalizados, pero las obras del último de ellos, formado por 72 viviendas, fueron paralizadas allá por 2010 y el plazo de entrega, fijado en el tercer trimestre de 2011, ha quedado ya sobradamente superado sin que los adjudicatarios cuenten con los inmuebles pese a haber anticipado un montante global de 1.232.884 euros.
El colectivo de adjudicatarios, en ese sentido, denuncia que el conflicto ha derivado en una situación en la que las obras de las viviendas no son reanudadas, pero tampoco obtienen la devolución de las cantidades anticipadas a la promotora para el arranque de los trabajos de construcción.
SIN VIVIENDA NI DINERO
Si bien la promotora, presidida por Juan Rojas, se comprometió en su momento a saldar la deuda contraída con los adjudicatarios mediante un talón nominativo, los adjudicatarios siguen sin percibir las cantidades que en su momento adelantaron a la promotora.
Buena prueba de ello es la demanda individual promovida por uno de los afectados, Adrián Maesso, reclamando que la Justicia declarase resuelto el contrato de compraventa que él mismo firmó en 2009 para hacerse con una de estas viviendas, y solicitando igualmente el retorno de 9.511 euros entregados a la promotora "más el interés del 20 por ciento sobre las cantidades entregadas anticipadamente de 19.511 euros".
Después de que la parte demandada se allanase "íntegramente", según una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número diez de Sevilla emitida en mayo de 2013 y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial declaraba resuelto el citado contrato de compraventa y ordenaba restituir a este afectado los citados 9.511 euros "más el interés del 20 por ciento sobre las cantidades entregadas anticipadamente de 19.511 euros", imponiendo además las costas a la promotora.
PASA EL TIEMPO
Pero ha transcurrido más de un año y medio desde la emisión de la citada sentencia y el afectado, Adrián Maesso, ha manifestado a Europa Press que el Grupo Ferro no ha dado cumplimiento a la sentencia, es decir no le ha entregado el dinero señalado en el fallo judicial, ni tampoco habría devuelto los anticipos al resto de adjudicatarios de estas viviendas.
El demandante, en ese sentido, reclama a la empresa que de cumplimiento de una vez a la sentencia, lamentando en paralelo que "la Junta de Andalucía no haya fiscalizado el programa de viviendas públicas adjudicadas a Grupo Ferro", toda vez que "los expedientes no han servido para nada y todo sigue igual". En cuanto al Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), Maesso se queja de que "se limite a decir que la obra es privada y que Ferro también les debe dinero", señalando que el Consistorio no se ha reunido con los afectados.
