El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado al Tribunal Supremo la causa que seguía contra la senadora y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo tras determinar que existen indicios de prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel para la participación del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) del año 2004.
En una exposición motivada elevada este lunes al alto tribunal, el magistrado instructor señala que las adjudicaciones a la red de Francisco Correa incurrieron en "groseras ilegalidades" y se hicieron "incumpliendo los estatutos" del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que era presidenta, y sin el aval de su Consejo Rector.
Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos".
En concreto, el juez investiga la adjudicación del 'stand' del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Los adjudicatarios fueron tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.
El Supremo, que asumirá esta pieza separada del 'caso Gürtel' por la condición de aforada de García Pelayo, también investigará a los otros siete imputados, a los que también se atribuye un delito continuado de prevaricación. Se trata de los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela.
"EVITAR LA LIBRE CONCURRENCIA"
De la Mata explica que la adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda, con sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, debería haberse realizado mediante un procedimiento de adjudicación abierto y no uno negociado sin publicidad, al igual que espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor, que costó 39.366,92 euros. En relación con el espectáculo flamenco, por 11.855,08 euros, existen indicios de "facturación posterior" ya que no se conocía el organismo público que iba a proceder a abonar este contrato.
En todos los casos, el juez señala que García Pelayo, como alcaldesa y presidenta del IPDC, conoció las irregularidades cometidas, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas, dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad, adjudicó los contratos sin que se cumplieran los requisitos legales, aprobó el pago de las facturas y ordenó que se abonaran.
"Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta", señala el juez en su resolución, en la que añade que su actuación tuvo como objetivo "evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas" y que los servicios pudieran adjudicarse en virtud de los "intereses municipales y, por tanto, generales".
El magistrado, que deduce que García Pelayo no pudo actuar por "confusión, error o interpretación normativa alternativa", señala que la suya fue una actuación de "ilegalidad manifiesta" que ésta tuvo que conocer "cuando autorizó a las empresas a prestar sus servicios en Fitur 2004, y mucho más cuando, semanas más tarde, firmó las resoluciones administrativas".
INTERMEDIACIÓN DE CUBEROS
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera acreditado que los contratos investigados se abordaron en una serie de reuniones que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Jerez en noviembre de 2003. Las empresas de Correa, contando con la intermediación de Cuberos, "iniciaron de inmediato gestiones, realizaron contrataciones y efectuaron pagos a proveedores de servicios" para la ejecución de estas actividades con anterioridad al 16 de enero de 2004, fecha de adjudicación de los contratos por parte del IPDC.
De esta forma, los documentos justificativos del expediente administrativo, las proposiciones económicas y el resto de documentos incluidos en los contratos "no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos".
Con posterioridad a la realización de los trabajos, empleados del Ayuntamiento confeccionaron los "documentos administrativos" y establecieron los "procedimientos necesarios" para dar a los expedientes "una apariencia de legalidad". Las empresas aportaron la documentación necesaria un mes después de la finalización del concurso.
El director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" en las memorias del organismo la necesidad de acudir a un "procedimiento de urgencia" para realizar estas adjudicaciones, mientras que la empleada Lourdes Montenegro "habría intervenido en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar oficialmente".
Una vez prestados los servicios, las empresas adjudicatarias presentaron facturas al IPDC, que fueron aprobadas por García Pelayo en su condición de presidenta, a pesar de que no reunían los requisitos establecidos en la ley. En la aportación de la documentación por parte de las empresas de la Gürtel habrían participado Correa y Crespo en calidad de directivos y Jordan y Nombela como trabajadores.
