La Plataforma de Ciudadanos Rodeados por la Fábricas y Cooperación Alternativa, valoran positiva pero insuficiente la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la queja por la grave situación de la salud pública en el campo de Gibraltar y advierten de acciones de protesta si la Junta de Andalucía no implementa medidas para paliar la situación.
Ambas organizaciones creen insuficiente la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre la queja por la situación de deterioro de la salud y el medio ambiente en la comarca del campo de Gibraltar, Cádiz, subrayan que no entienden que solo incluya las recomendaciones recogidas en el dictamen de la SEE (Sociedad Española de Epidemiología), y obvie las planteadas por los organizaciones ciudadanas, sociales y ecologistas promotoras de la queja, sin ni siquiera contemplar la aplicación del principio de precaución, medida que supondría el freno a la instalación de nuevas industrias contaminantes, y que vendría a actuar directamente sobre uno de los factores de riesgo de esta comarca, la contaminación industrial.
El pasado mes de febrero, impulsores de la queja, mantuvieron una reunión en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, donde expusieron sus alegaciones al dictamen de la SEE, presentaron por escrito un análisis de dicho dictamen y aportaron nuevas investigaciones científicas que reconocen la relación entre la contaminación y la pérdida de salud. Asimismo, plantearon recomendaciones concretas y factibles, pero destacando la necesidad de una moratoria a la instalación de nuevas industrias. Sin embargo, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz no ha tenido en cuenta ninguna de ellas, limitándose a recogerlas en los antecedentes.
Un dictamen, el de la Sociedad Española de Epidemiología, sesgado y limitado por la falta de información en algunas áreas, por el desconocimiento de los autores sobre el territorio y por la exclusión de un factor de riesgo para la salud tan reconocido en el ámbito científico como es la contaminación atmosférica o la exposición ocupacional que se dan en las industrias de esta zona. Un dictamen alineado con las tesis del gobierno andaluz, que ha tenido entre sus autores a personal al servicio de la Junta de Andalucía, en un claro conflicto de intereses.
Aun así, destacan como positivo que la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz reconozca, y citamos textualmente, “suficientemente acreditada la existencia de una situación de salud publica entre la población del campo de Gibraltar comparativamente peor que la de otras poblaciones similares asentadas en otras zonas del territorio”.
Y que asuma la relación entre la contaminación industrial y la salud de su población: “, debemos decir que la relación de causalidad no ha quedado en absoluto descartada por los estudios e investigaciones realizados hasta la fecha ni, menos aún, por el Dictamen elaborado por la Sociedad Española de Epidemiología. Antes al contrario, creemos que debe asumirse como muy probable la existencia de una relación entre la contaminación industrial de la zona y los problemas de salud publica de la población asentada en la misma”.
Además, se llega a plantear, aunque tímidamente, el principio de precaución para instalar nuevas industrias en la zona, de la siguiente manera: “Asimismo, y hasta tanto no se disponga de conclusiones definitivas sobre la incidencia real de los factores ambientales en la situación de salud pública existente en el campo de Gibraltar, entendemos que cualquier decisión que pueda redundar en un aumento significativo del riesgo ambiental en la zona debería venir precedido de estudios rigurosos que, bajo la premisa del principio de precaución, acrediten la oportunidad y conveniencia de dicha decisión”.
A continuación el informe reconoce que “Consideramos, además, que cualquier decisión de esta índole debería ser objeto de un proceso previo de debate y reflexión, en el que tuviese cabida todos los sectores y colectivos sociales del Campo de Gibraltar”.
El Defensor del Pueblo Andaluz tiene el encargo de velar por los derechos fundamentales de las personas y es flagrante que el derecho a la protección de la salud y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado en este territorio, están constantemente conculcados, tanto por las grandes industrias como por las acciones y omisiones de las administraciones públicas. En este caso critican la falta de contundencia de Maeztu no incluyendo de manera explícita el establecimiento de una moratoria industrial. Moratoria que los promotores de la queja especificaron en su análisis al Defensor del Pueblo, considerada imprescindible al basarse en el principio de precaución. Frente a la instalación de nuevas industrias, implantar medidas limpias y concretas de creación de empleo, recuperación del territorio y mejoras sociales y educativas para toda la población.
Aunque la resolución no sea de obligado cumplimiento para la Junta de Andalucía, si es una advertencia ética y moral para dicho cumplimiento.
Además, las recomendaciones del Defensor del Pueblo se limitan a dos intervenciones: 1) Crear un Foro de comunicación entre administraciones y grupos y asociaciones sin especificar y 2) Organizar reuniones científicas periódicas. Ambas, siguiendo las recomendaciones de la SEE y eludiendo la participación efectiva de la población, a través de las diferentes plataformas y asociaciones que se han creado y que se pueden seguir ampliando. Y evitando las medidas concretas que se vienen reivindicando y que se especifican en el análisis realizado.
Tampoco se hace ninguna valoración jurídica de las posibles violaciones de la administración y elude su responsabilidad justificándose en la falta información suficiente, una carencia ya de por si grave y que ha hecho que el desarrollo de la comarca haya estado fundamentado en criterios puramente empresariales, en la improvisación, y con el único objetivo de satisfacer los beneficios económicos de las grandes industrias.
Esperan que las formaciones políticas representadas en el parlamento andaluz apoyen y exijan un paquete de medidas, que se viene reclamando desde la población y con su participación activa, que alivien la situación de crisis de salud publica del campo de Gibraltar, empezando por proponer la declaración de una moratoria a la instalación de nuevas industrias contaminantes y/o ampliaciones de la ya existentes, así en los próximos días remitirán a los responsables de dichas formaciones políticas un escrito con sus demandas.
Cooperación Alternativa y la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por la Fábricas, estudiarán nuevas acciones organizativas, jurídicas y administrativas, a la vez que retomaran las acciones de protesta junto a otras organizaciones que defienden la mejora de la calidad de vida, y por tanto de su salud, de la población del campo de Gibraltar.
