Costa del Sol Sí Puede (CSSP) considera alarmante el estado de las arcas municipales después de que la Concejalía de Hacienda informara de una deuda provisional de más de 190 millones de euros. Con este panorama, la formación considera imprescindible dar a conocer las cifras exactas y reales, como base de la transparencia que debe trasladarse a los verdaderamente perjudicados, que son los vecinos de la localidad.
De acuerdo a los datos conocidos, diez entidades financieras están a la espera de cobrar un total de 59.732.964 euros, de los cuales más de 40 millones se refieren a préstamos a largo plazo, hasta el año 2026, “lo que supone embargarse a 25 años con un total de 15 préstamos, como si alguien que va a gobernar cuatro años pudiese permitirse el lujo de endeudarse por quince, hipotecando el futuro de los torremolinenses, una locura”, señala el portavoz de CSSP, José Manuel Piña.
En total, son 24 los préstamos bancarios pendientes de resolver, así como más de un centenar las causas judiciales abiertas contra el Ayuntamiento. Segùn la documentación revelada sobre litigios perdidos, CSSP teme que aumente considerablemente la cifra si se pierden más procedimientos.
Sobre estos litigios CSSP quiere destacar algo más de 964.000 por una devolución de cobro indebido del impuesto del IBI y el abono de más de dos millones de euros por la expropiación de terrenos a un vecino de la localidad.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga sigue exigiendo el pago de más de 17 millones de euros que, sumados a los intereses de demora, dan una cifra de 24.342.180 euros.
A causa de la mala gestión del anterior equipo de gobierno durante el pasado año, nuestro Ayuntamiento tiene una deuda en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de 234.000 euros contraídos con el Patronato de Recaudación Provincial.
También existe una cuantía considerable que abonar a la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental por el tratamiento de residuos sólidos urbanos; a la Diputación Provincial; a la Agencia Tributaria, y a la Tesorería General de la Seguridad Social, la más elevada y que asciende a 60.882.707 euros.
Por todo ello, señala el portavoz municipal de la formación, la auditoría externa es urgente porque aportaría datos definitivos acerca de una situación ruinosa y arrojaría luz sobre posibles responsabilidades políticas e incluso judiciales. “Hay que saber con certeza a cuánto asciende la deuda y hacer transparente el procedimiento, utilizando canales de información adecuados para que los ciudadanos sean protagonistas de este momento histórico en que desde este Ayuntamiento se da a conocer cada dato de interés público”; concluye el dirigente.
