El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha aplazado hasta el próximo viernes 9 de octubre a las 11.00 horas el juicio contra el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Juan Carlos Sánchez y de los concejales de su equipo de gobierno Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos, por un presunto delito continuado de prevaricación contra Sánchez y de prevaricación contra el resto en la adjudicación del contrato de recogida de basuras a Cespa en 2006.
Antes de comenzar la vista oral, el juez ha decidido aplazar el juicio ante la imposibilidad de declarar como testigo la que era interventora del Ayuntamiento en aquellas fechas, al no tener constancia el juzgado que le haya llegado la citación judicial.
Por su parte, la acusación, el propio Ayuntamiento, ahora gobernado por el PSOE, ha renunciado a las testificales de la secretaria del Ayuntamiento y de la asesora jurídica cuando se produjeron los hechos, y ha pedido finalmente una indemnización de unos 60.000 euros, como responsabilidad civil, en vez de los 327.485 que reclamaba en un principio, mientras que la Fiscalía pide el archivo de la causa.
Cabe recordar que la acusación contra el exalcalde y los concejales se basa en el hecho de que el Ayuntamiento aprobó contratar los servicios de la empresa Cespa, por valor de 327.485 euros, a pesar de que el informe del interventor municipal indicaba "la insuficiencia de crédito disponible" para hacer frente al pago de este contrato, una cantidad que la compañía reclamaba al Consistorio.
En declaraciones a los periodistas Carlos Sánchez ha remarcado que espera que "se haga justicia y que se entienda que lo único que hemos hecho ha sido trabajar por el pueblo". Del mismo modo, espera que "la propuesta de la Fiscalía sea definitiva y haya una resolución favorable".
En este sentido, ha explicado que su equipo de gobierno "intentó que el servicio de basuras municipal pasara de costar un millón a unos 300.000", por lo que considera que "no ha habido nada".
No se trata de la primera causa por la que Carlos Sánchez se sienta en el banquillo, ya que en mayo de 2013 fue condenado a siete años de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una Corporación local por un delito de prevaricación, en relación a la ejecución de unas obras en el parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 y 2007.
A su vez, está procesado y pendiente de señalamiento de juicio, contra Sánchez y otros concejales y exconcejales del PSOE por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de desobediencia, así como a un extécnico municipal, por la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.
De otro lado, el Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado ha archivado la causa abierta contra el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez por un delito de prevaricación y estafa en relación a un litigio por la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.
Fuentes jurídicas han indicado a Efe que la decisión judicial se ha producido después de que la Fiscalía solicitara el archivo de las actuaciones y la parte acusadora desistiera, poniendo fin con ello a un litigio iniciado a principios de enero de 2013.
La causa fue abierta a raíz de la denuncia interpuesta por una vecina de la localidad que fijaba como inicio del conflicto con el Ayuntamiento una casa heredada de sus padres en la calle Calvario de construida en 1880 que pretendía rehabilitar para residir en ella.
La intención municipal con respecto a la vivienda objeto de litigio, durante la década de los 90, era demolerla para construir en su lugar una plaza lo que imposibilitó que se llegara a un acuerdo entre las partes y que se le denegará de manera sistemática la licencia de obras a la perjudicada, hasta que en 2002 fue declarada en ruinas.
En 2003, siendo alcalde Sánchez, ambas partes alcanzaron un acuerdo, ratificado por escrito en 2005, por el que la denunciante cedía su casa al Consistorio a cambio de unos terrenos no urbanizables, pero con compromiso de recalificación, en los que se le autorizaría para construir una vivienda.
Sin embargo, el acuerdo nunca se desarrolló en los términos estipulados y el Consistorio emitió una orden de demolición de la nueva vivienda con la consiguiente multa y la casa original de la denunciante fue demolida sin que se tramitara expediente de expropiación.
La denunciante consideraba que el alcalde podría haber incurrido en varios delitos, entre ellos los de estafa y prevaricación, por los que Sánchez fue imputado e incluso procesado, sin que finalmente se haya celebrado juicio pues la Fiscalía consideraba que no había indicios suficiente de delito y la acusación particular finalmente decidió desistir de la causa.
