El Tribunal Supremo ha condenado a ocho ciudadanos pakistaníes, todos miembros de la misma familia, que mantuvieron secuestrada a una mujer -que era hija, hermana o cuñada de los implicados- para evitar que se divorciara de su primo.
En la sentencia, que impone penas de entre cuatro años y medio y cinco años y medio por delitos de detención ilegal y maltrato de obra, el alto tribunal establece que las convicciones culturales de otras sociedades no pueden sacrificar nuestros valores constitucionales, entre ellos la libertad.
"El papel secundario y subordinado que algunas sociedades otorgan a la mujer nunca podrá aspirar a convertirse en un valor susceptible de protección", añade el tribunal.
Los hechos ocurrieron en Logroño, en diciembre de 2010, y estuvieron protagonizados por Sumera R., una mujer pakistaní que vivía con sus padres y hermanos aunque en 2005 se había casado "de forma concertada por las familias" con su primo Imran A.
La familia se trasladó a Pakistán para la concertar y celebrar la boda pero después regresó a España, donde el padre de la joven "consintió" que ella comenzara a trabajar en una residencia de ancianos "para poder reagrupar a su marido".
"En el año 2007 llegó a España el marido de Sumera, Imran, quien desde el principio reprochaba a su esposa su forma de vestir y que trabajara fuera de casa", añade el relato de hechos en el que se basa la sentencia.
Después de varios intentos frustrados de divorciarse Sumera huyó a Barcelona, pero su familia, con engaños, consiguió que volviera a Logroño. Una vez allí, le retuvieron en su domicilio, le quitaron el móvil, le prohibieron salir de casa y le mantuvieron siempre bajo la vigilancia de dos personas. Incluso las mujeres de la familia le acompañaban al baño.
En dos ocasiones intentó lesionarse -con un cristal del espejo del baño y bebiendo lejía- y, finalmente, en un descuido de la familia pudo lanzar por la ventana 3 notas sujetas por unas gomas del pelo en las que pedía socorro, una de las cuales fue recogida por una vecina que avisó a la Policía.
Los agentes locales que acudieron destacaban en su declaración "el estado de liberación que experimentó Sumera" al verles y "las estrategias de simulación del resto de su familia, la ocultación de algunos de los documentos de identidad de la víctima" así como las marcas que ella mostraba en sus muñecas.
"Los acusados eran conscientes de que privaban de libertad a Sumera y le anulaban su libertad" al margen de cualquier consideración cultural.
Este factor cultural tampoco sirve, como adujo la defensa de las mujeres implicadas, para excusar su conducta con el argumento de que estaban dominadas por los hombres a consecuencia de la sociedad patriarcal en la que fueron educadas.
