No se sabe si será la práctica habitual a partir de ahora, pero el Pleno de ayer escenificó un indisimulado acercamiento entre el PP y los ediles no adscritos Víctor Santiago e Iván Martínez, tras la ruptura de éstos con Salud Anguita. Los dos exconcejales de Ciudadanos no sólo votaron a favor del nuevo crédito de 2,3 millones pedido por el Ayuntamiento para el pago de sentencias, sino que también vetaron la auditoría que Jaén en Común exigía para la empresa Aqualia gracias a su alianza con los 12 ediles del PP.
El portavoz de JeC, Manuel Montejo, insistió en sus denuncias de falta de transparencia en la gestión de Aqualia. “O la auditamos o ustedes estarán en connivencia” con su gestión, clamó Montejo, unas palabras que motivaron la reprobación por el alcalde, Javier Márquez, que recordó que ningún informe técnico ha acreditado esas acusaciones.
El PSOE, que en su día abanderó la petición de auditoría para la empresa de autobuses Castillo que está aún pendiente, apoyó la moción de JeC. “No podemos permitir que el Ayuntamiento pague cada año el déficit esgrimido por la empresa sin control alguno”, manifestó la edil Matilde Cruz. Pero el concejal de Hacienda y responsable de la oficina de empresas concesionarias, Manuel Bonilla, justificó la negativa a la auditoría por la ausencia de recursos municipales para llevarla a cabo (“supondría la parálisis de los servicios técnicos durante al menos un año”, dijo) y, aunque admitió que el servicio es “mejorable”, defendió las inversiones en la red de abastecimiento que lleva a cabo Aqualia y aludió al alto coste que supondría para las arcas municipales proceder al secuestro o rescate de la concesión por las millonarias indemnizaciones que conllevaría si se hace antes del año 2027, que es cuando expira. Bonilla no rebatió, sin embargo, la crítica de JeC sobre alto precio de la factura del agua, de 287 euros al año para un hogar con cuatro miembros.
De otro lado, el Pleno ordinario del mes de noviembre, que se abrió con la lectura por el alcalde de una declaración institucional contra la violencia de género, aprobó por la vía de urgencia, la adhesión del Consistorio al nuevo fondo de ordenación del Ministerio de Hacienda por valor de 2,3 millones y con destino al pago de sentencias judiciales. Los ediles no adscritos Víctor Santiago e Iván Martínez, que en agosto se opusieron a este crédito, votaron ayer a favor, mientras que el PSOE se abstuvo a pesar de criticar que el PP pagara en septiembre por otra vía 1,2 millones a la empresa foránea Matinsreg.
En este punto hubo varias alusiones al anterior alcalde y ahora secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que mañana viernes visitará el Ayuntamiento. El edil de Hacienda, Manuel Bonilla, se mostró convencido de que De Moya “se va a desvivir” por el Consistorio de Jaén y con otros que estén en una situación similar, y lamentó las críticas vertidas desde el PSOE a su nombramiento, en especial las palabras del secretario provincial socialista, Francisco Reyes, cuando dijo que “era peor noticia que la victoria de Trump”. Por su parte, María Dolores Nieto, de Jaén en Común, mostró sus dudas sobre la ayuda que De Moya dará para paliar la crítica situación financiera y señaló que el exregidor jienense “ha utilizado el Ayuntamiento como plataforma de lanzamiento en su nuevo cargo”.
División de los no adscritos
Como era previsible, los tres ediles no adscritos escenificaron ayer en el Pleno su ruptura interna. Víctor Santiago e Iván Martínez aislaron a su compañera Salud Anguita, que tan sólo conversó con la edil popular Yolanda Pedrosa. Además, en las votaciones, Santiago y Martínez se alinearon casi siempre con el PP, mientras que Anguita se abstuvo en el nuevo crédito, apoyó la auditoría en Aqualia y dio un no rotundo a la moción de Víctor Santiago para crear una oficina de captación de inversiones
