El caso del vecino de Alcaudete, A.J.L.G., acusado de difundir por WhatsApp fotos de fallecidos cuando trabajaba en el cementerio de su pueblo, regresará nuevamente a la fase de instrucción en el Juzgado de Alcalá la Real después de que no se haya citado al Ayuntamiento de Alcaudete como denunciado tal y como solicitó la acusación particular que representa a las dos familias cuyos difuntos circularon por la red.
Para este martes estaba prevista la celebración del juicio en el Penal número 3 de Jaén capital que finalmente ha quedado suspendido. La magistrada ha aceptado la cuestión previa planteada por la acusación particular para que se retrotraigan las actuaciones a la fase de instrucción previa a la apertura de juicio oral y así poder citar en calidad de denunciado al Ayuntamiento de Alcaudete como responsable civil.
El abogado de la acusación particular, Javier Jiménez, ha indicado a Europa Press que esto implica que la causa regresará al juzgado mixto de Alcalá la Real, por lo que habrá que esperar hasta después del verano como mínimo para que el juicio vuelva a ser señalado.
Los hechos pendientes de enjuiciar se remontan a octubre de 2014 cuando el acusado prestaba servicios en beneficio de la comunidad en el cementerio de Alcaudete. Durante la exhumación de restos para su traslado de dos difuntos, que en uno de los casos llevaban sepultados casi treinta años, el acusado, según el Ministerio Fiscal, hizo fotos y las remitió a un amigo.
Las fotos corrieron como la pólvora en el municipio hasta que llegaron a familiares que identificaron a sus difuntos y que acabaron denunciando lo ocurrido hasta el punto que la Guardia Civil detuvo al acusado.
Por estos hechos, que el Ministerio Fiscal califica como un delito continuado contra el respeto debido a los difuntos, se le reclama el pago de una multa de 1.620 euros. Por su parte, la acusación particular eleva su petición de penas a cuatro meses de cárcel y el pago de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que también reclama al Ayuntamiento, en el caso de que el acusado no pueda hacer frente a la responsabilidad civil.
