El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado que hace unos días envió una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, en la que solicita la paralización del proyecto de almacén de Gas Natural en el entorno de Doñana, en virtud de un informe del CSIC que alerta de "la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona", así como que el estudio de su afección se haga de manera conjunta.
En una entrevista concedida a Europa Press, José Fiscal ha dejado claro que, si el Ejecutivo central "no atiende esta petición, el Gobierno andaluz acudirá a los tribunales".
Al respecto, Fiscal ha explicado que se ha conocido recientemente un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que le remitió al Defensor del Pueblo, "en el que dice taxativamente lo que la Junta ha venido defendiendo desde el principio, que los estudios de impacto ambiental de los cuatro proyectos deben hacerse de manera conjunta y teniendo en cuenta los riesgos sísmicos".
Así, y acogiéndose a dicho informe que "alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona", el titular del ramo ha señalado que la Junta ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que haga una nueva evaluación ambiental, que la haga conjunta, y que pida al Ministerio de Industria, competente en este proyecto, "que los paralice oficialmente y si no lo hace, nos vamos a los tribunales".
En este sentido, Fiscal ha recordado que la Junta ha garantizado en varias ocasiones que cuando encontrara una posibilidad para intentar que el proyecto de Gas Natural se paralizara de forma judicial lo haría, "y ahora se ha presentado esa oportunidad gracias a un estudio del CSIC".
Por ello, ha subrayado que "ahora mismo hay normas para impedir que este proyecto atraviese un solo metro de Doñana", indicando además que entiende que el Gobierno central "tiene que parar, revisar de manera conjunta la afección y si no lo hace", ha insistido, "la Junta irá a los tribunales en defensa del interés general y de Doñana".
Cabe recordar también que hace unas tres semanas, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió información sobre este proyecto, siendo la primera acción que se conoció justo el mismo día en el que asumió el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril.
Según informó la institución, ésta había recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, pidió al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valorara si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.
El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos --Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar-- que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que, a juicio del Defensor y de la Junta, podría alterar el resultado de la evaluación. Según los informes recibidos por la institución, las declaraciones de impacto no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero.
