La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir el caso sobre un presunto delito de falsedad documental en el acta del pleno de julio del 2009 que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella del 2010.
La Sala atiende así al recurso de apelación presentado por la Fiscalía y el grupo municipal socialista como acusación popular, y revoca el sobreseimiento provisional de la causa que acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, el pasado agosto, al considerarlo "precipitado".
No obstante, la Audiencia mantiene, al igual que la Fiscalía, el archivo de la querella contra la fuera concejala de Urbanismo, Alba Echevarría, dado que "en ningún momento ha quedado acreditado que tuviera participación alguna", según consta en el auto de la Sección Segunda de la Audiencia.
De la noticia da cuenta hoy el periódico "La Opinión de Málaga", que señala que, de seguir adelante el caso, tendría que ser el Tribunal Supremo el que, en última instancia, juzgue a Muñoz, en su condición de aforada al ser senadora.
Este procedimiento penal tiene su origen en la denuncia que en septiembre de 2016 presentó el fiscal jefe del área de Marbella, Julio Martínez Carazo, contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz y el vicesecretario del Ayuntamiento -ya fallecido-, a los que señalaba como presuntos autores de un delito de falsedad documental.
La Sala hace constar en su resolución que la redacción y custodia del acta del pleno corresponden al secretario del mismo, y en este caso al vicesecretario, "así como la supervisión y autorización de la misma, y el visto bueno a la alcaldesa, doña María Ángeles Muñoz Uriol".
Finalmente, en su resolución judicial ordena que se practiquen las diligencias solicitadas por el ministerio fiscal "en orden a perfilar si concurren los elementos del precitado tipo delictivo".
Así, ordena al juez instructor que cite a declarar a las dos funcionarias municipales que realizaron la transcripción del vídeo del pleno, así como a dos exconcejales, Diego Eyzaguirre (PP) y Susana Radío (PSOE), a petición del ministerio público.
Tras la práctica de estas diligencias, el tribunal señala que el juez instructor podrá adoptar "con absoluta libertad de criterio la decisión que estime conveniente".
