En el mes de marzo, hasta cuatro reclusos han perdido la vida en las cárceles de El Puerto de Santa María. Suicidios y sobredosis de drogas forman parte de los motivos. Ante esta situación, la Asociación Pro Derechos Humanos, APDH, quiere denunciar esta situación y alertan de que “Andalucía es la comunidad autónoma que acumula más muertes en prisión”.
La APDH relata que “a principios del mes de marzo un preso murió en el Centro Penitenciario de Puerto III. Todo apunta a que el motivo de la muerte fue un suicidio”.
Durante la pasada Semana Santa fallecían “otros dos presos más en la misma prisión, uno de ellos por sobredosis de drogas y el otro a causa de suicidio por ahorcamiento”.
“Los datos son alarmantes”, indican desde la asociación para añadir que “en esa misma semana una tercera persona fallecida en el CIS de Jerez, y aunque las causas exactas de la muerte aún no han trascendido, tenemos que establecer una pregunta ineludible: ¿qué está pasando en nuestras cárceles?”.
La APDH explica en una nota de prensa que “la tasa de suicidios dentro de las prisiones es mucho más elevada que en el resto de la población. La tasa de mortalidad en prisión en el año 2016 asciende a 110 muertes, de las cuales 21 han sido por suicidios y 38 por sobredosis en el consumo de drogas. ¿Qué hay detrás de esta alta tasa de suicidios?”, para responder que “podríamos decir que los problemas de salud mental y el aislamiento son condición sine qua non. Y es que de las 21 personas presas que se suicidaron, 17 tenían enfermedad mental y 4 estaban en régimen de aislamiento”.
Según los datos facilitados por el Gobierno hace tan solo unos días, durante 2017 fallecieron 147 internos en todo el Estado.
De ellos 39 fueron en Andalucía "lo que la coloca como la comunidad con el mayor índice de muertes de personas privadas de libertad".
Por provincias, encabeza el listado Morón de la Frontera (Sevilla) con 10 fallecimientos, Albolote (Granada), con 7, y Málaga, con otros 7, uno de ellos en CIS Málaga.
"La perspectiva de los datos a vista de pájaro es mucho más inquietante", denuncia la organización, que indica que el número de fallecimientos de los últimos 17 años asciende 3.885, según se desprende del informe 2016 elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) de la que forma parte la APDHA.
Por todo ello, “es lamentable que en un espacio de máxima seguridad donde las personas se encuentran bajo la custodia de la administración penitenciaria, sigan produciéndose muertes de esta índole” y recuerdan que “la administración penitenciaria está obligada a velar por la vida, la salud y la integridad de las personas presas” por lo que se “debería adoptar las medidas necesarias para abordar sus causas y evitar que se produzcan”.
Además “estos datos habría que conectarlos con la deficitaria situación de la sanidad en prisión. Y en concreto, con la deficitaria atención psiquiátrica. Entre 2008 y 2017 ha habido 123 bajas de personal sanitario de las que solo se han cubierto 62. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en su informe del año 2017 señala que solo un psiquiatra visitaba una vez al mes las cárceles de Puerto I, II y III y no se disponía de ningún psicólogo clínico”.
Por ello recomendó "que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que los reclusos vulnerables destinados en módulos de régimen cerrado y en departamentos especiales de las prisiones de Puerto III y Sevilla II reciban atención y tratamiento apropiados, y que los presos con trastornos mentales sean trasladados a un centro médico adecuado"
“No podemos consentir que las personas internadas en prisión no reciban la protección y atención que les corresponde, más aún cuando el resultado en los casos más terribles tiene como consecuencia la muerte”, indican desde la APDH para exigir “una investigación sobre la proliferación de estos episodios en las cárceles de la provincia y la adopción inmediata de medidas que garanticen los Derechos Humanos de las personas presas”.
