El Ayuntamiento de Granada va a financiar con fondos europeos Edusi de Desarrollo Urbano Sostenible la remodelación de la zona del Cerro de San Miguel como espacio verde, para lo que previamente tramitará los desalojos de quienes allí ocupan ilegalmente cuevas de titularidad pública.
El concejal de Urbanismo de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha explicado que las obras no comenzarían antes del próximo año, que es cuando estarían disponibles los fondos Edusi que el equipo de gobierno local, del PSOE, quiere destinar al proyecto, para el que ya se trabaja en varias vías.
Estos trabajos incluyen los que se desarrollan con Servicios Sociales para dar cobertura y "reubicar" a las familias "con arraigo" y sin recursos que está previsto se vean afectadas por los desalojos, que se ejecutarían inmediatamente antes de empezar las obras. Gran parte de la población que vive en estas cuevas es "flotante", y aumenta con el buen tiempo.
El proyecto para ejecutar el nuevo parque se elaborará en el marco del Plan Especial del Cerro de San Miguel cuyos preparativos el Ayuntamiento prevé que se prolonguen durante todo el verano.
Tras un informe geológico que certifica que el estado de deterioro por el que, en 2013, con gobierno local del PP, las cuevas de titularidad pública ocupadas fueron desalojadas --aunque por "horas", ha recordado Fernández Madrid-- sigue vigente, el departamento de Conservación de Edificios abrirá un procedimiento para su inspección y posterior confirmación de la declaración de riesgo de "ruina inminente".
Con esa base, se tramitará ante el juzgado el expediente para su desalojo definitivo pues existe una "situación de peligro" que se une a los movimientos de un terreno arcilloso, y que suministros como el de aguas no estén "conectados" a la red municipal.
El objetivo del Consistorio es devolver la legalidad urbanística al cerro de San Miguel y recuperar su carácter de zona verde de uso público, en la línea de lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada.
OBRAS SIN LICENCIAS
Por otro lado, a principios de año, el Ayuntamiento de Granada abrió expedientes sancionadores que pueden llegar hasta los 63.000 euros por actuaciones ilegales en una serie de cuevas del cerro de San Miguel, que no son de titularidad municipal, y, al estar en las cercanías de la Muralla del Albaicín, se ubican en el entorno de un Bien de Interés Cultural.
Tras la finalización del plazo de alegaciones, a las cuatro a las que se les advirtió de que podían ser sancionadas se les ha instado desde Urbanismo a que hagan las obras necesarias para "restaurar la legalidad" en un plazo de unos dos meses.
Entre las infracciones que constan en los expedientes, consultados por Europa Press, las hay relativas a obras de suministro o de jardinería ilegales, y construcciones adosadas, como pérgolas o porches. Se detectan también alteraciones del entorno, en caminos o placetas en las que se altera el rasante.
Según lo que rige en normativa como la del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, que data de 1991 y está pendiente de modificarse, y el PGOU, que es de 2001 y se impone como norma superior declarándolo como "suelo no urbanizable", "las obras detectadas producen una degradación ambiental y paisajística", que "atentan contra el valor patrimonial" de la zona, especifica uno de estos expedientes.
Para Miguel Ángel Fernández Madrid, el "debate" de fondo ha girado en los últimos años sobre si había "un interés especulativo" detrás de la intención de desalojar las cuevas, que, finalmente, se ejecutará para una zona verde que será de "uso y disfrute de todos los granadinos". No caben usos como los "hoteleros" en la zona "porque lo impide la normativa de rango superior que es el PGOU", ha especificado el edil de Urbanismo.
