El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, todas ellas cargos públicos de nivel intermedio, por las siete piezas de investigación que conforman el 'caso Madeja' de corrupción, una infraestructura conformada en torno a la empresa sevillana Fitonovo para la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos, actuación que se prolongó durante más de 15 años en diferentes ciudades.
Además de estas 88 personas -funcionarios y técnicos-, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, la relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado "de la conducta delictiva amañada por los investigados" en las cantidades de 159.839 y 155.000 euros, respectivamente.
El magistrado abre juicio oral por los delitos consignados en los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. Además, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos hasta los 13 millones de euros con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.
REPROCHES A FISCALÍA Y ABOGACÍA DEL ESTADO
Aunque el juez lleva a juicio a 88 personas, considera que deberían haber sido más, pero éstas no han sido acusadas ni por Fiscalía ni por Abogacía del Estado, y así se lo reprocha en sus autos, ya que ha tenido que sobreseer la causa contra algunos investigados. También les afea que no acusen por determinados delitos a varios pese a los "indicios acumulados en la instrucción".
Concretamente, Fiscalía y Abogacía del Estado no acusan en la pieza principal del 'caso Madeja' a asesores jurídicos, financieros fiscales y societarios que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo.
"Esto es difícilmente comprensible", subraya el magistrado, que añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados "diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro", los dueños de la red de empresas creada alrededor de Fitonovo. "Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal, y cuidaron de que se llevara a cabo", añade el auto.
Mientras que la Abogacía del Estado les atribuye sólo organización criminal, en el caso del fiscal "ni siquiera menciona a estas personas en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no sólo en el blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización". "Su actuación protagónica en este ámbito blanqueador, pese a todo, queda fuera del ámbito de la acusación y tampoco en este caso, obligado por esta circunstancia, es posible abrir el juicio oral en relación con estas personas por este delito", apunta.
FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y UNA 'CAJA B'
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 explica a lo largo de los siete autos que la dirección de Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.
La prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado, "llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".
Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.
"Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama", subraya De la Mata.
Dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal. Para ello, Fitonovo tenía constituida una 'caja B' que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.
Una de las piezas que De la Mata envía a juicio es la relativa al Ayuntamiento de Sevilla, donde el instructor atribuye la condición de partícipe a título lucrativo al PSOE y a IU, ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados, "consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)".
LA MACARENA Y UNA CAJA DE ZAPATOS
De este modo, el PSOE resultó beneficiado en un importe total de 159.839,36 euros en el contexto de la adjudicación a Fitonovo de determinadas obras en la Agrupación Local Macarena del partido. Constan pagos en "compensación por la adjudicación de distintos contratos públicos" que la mercantil habría "parapetado" tras facturas de otras sociedades.
El auto señala que los socialistas Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo consiguieron que Fitonovo, "a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa", asumiera "el pago de las obras que se hicieron" en aquella sede, lo que convertiría al partido en partícipe a título lucrativo de la trama.
Mientras, en el caso de IU, el auto detalla que resultó beneficiada en un importe total de 155.000 euros, de los que 70.000 se le habrían entregado a un miembro del partido en una caja de zapatos, por numerosas adjudicaciones, como 11 contratos para poner césped artificial en campos de fútbol de Sevilla.
El juez indica que los investigados José Manuel García, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona "recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo para IU a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en sus condiciones de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo", respectivamente.
