El BOE publica este jueves las declaraciones patrimoniales de 225 altos cargos del Estado que fueron nombrados en el segundo semestre del año pasado, con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, y de otros 193 que fueron cesados en ese mismo periodo, cumpliendo así la obligación de publicidad que marca la Ley del Alto Cargo.
Esta norma señala que los altos cargos del Estado deberán presentar esta declaración al llegar al puesto y al dejarlo; la Oficina de Conflicto de Intereses examinará la situación patrimonial de todos ellos al terminar su mandato para comprobar que han cumplido con la ley y si hay "indicios de enriquecimiento injustificado" teniendo en cuenta los ingresos de cada cual.
Si se diera este caso, la Oficina preguntará al interesado y puede solicitar la colaboración de la Agencia Tributaria para aclarar la información; si cree que puede haber responsabilidades administrativas o incluso penales, enviará el caso a los órganos competentes. Cada seis meses, entregará un informe al Gobierno sobre este trabajo de revisión.
DECLARACIONES PENDIENTES
Cada primer trimestre del año, se tienen que publicar en el BOE las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los altos cargos nombrados o cesados el año anterior y que no hayan sido publicadas ya. En este caso, posteriores al 26 de junio de 2018.
En la larga lista de cargos publicados en el Boletín figuran embajadores, directores y presidentes de empresas públicas, secretarios y directores generales, entre otros puestos.
El pasado septiembre, el BOE publicó las declaraciones patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos del Estado que habían tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018. El Ejecutivo anterior no las publicó durante cuatro años.
