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Provincia de Granada

Condenada a un año de prisión una empleada de Andalucía Emprende

Por un delito de apropiación indebida tras hacerse con una suma de 7.869 euros de cuentas a las que tenía acceso

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  • Tribunales -

El Juzgado de lo Penal 2 de Motril (Granada) ha condenado a un año de prisión a una trabajadora de Andalucía Emprende por un delito de apropiación indebida tras hacerse con una suma de 7.869 euros de cuentas a las que tenía acceso por su puesto como responsable de zona de la Costa Tropical.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, esta empleada se encargaba, entre otras tareas, de coordinar y dirigir al personal ubicado en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial situados en Albuñol, Almuñécar, Salobreña y Motril.

El 27 de abril de 2010 Andalucía Emprende le otorgó un poder especial por el que le autorizó únicamente a ella a seguir y disponer de los fondos de una cuenta corriente titularidad de esta fundación pública andaluza, en la que podía ordenar transferencias, ingresar y retirar efectivo, con un límite de 5.000 euros para el cumplimiento de su cometido como responsable de zona. A partir de ese momento, Andalucía Emprende ingresó un total de 12.785 euros a esa cuenta y a otra personal suya.

El juzgado considera probado que durante el tiempo que ejerció como responsable de zona --fue cesada de este puesto por pérdida de confianza en 2012-- la acusada hizo suyos 7.860 euros de estas cuentas corrientes y en perjuicio de la citada fundación pública andaluza.

Ya en 2013, cuando la entidad realizó el cierre contable del ejercicio anterior informó a la empleada de que de los 12.785 euros que le había ingresado solo estaban justificados documentalmente 3.501 euros y se le pedía que justificara el resto. Ante su silencio, se procedió a extinguir su contrato.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, también se condena a esta exempleada a indemnizar con 7.869 euros a Andalucía Emprende, que ha ejercido la acusación particular en este proceso y había solicitado cuatro años de prisión y una multa. La Fiscalía había elevado su petición a nueve años de cárcel.

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