Siete asociaciones del entorno de la calle del distrito Macarena en la que se ubica el centro de formación e inserción laboral para menores inmigrantes no acompañados (MENA) son las que se han estado manifestando en contra de la apertura de este servicio para un máximo de 25 menores; menores que están “las 24 horas del día vigilados” por los diez profesionales de la empresa adjudicataria, SAMU. Esas entidades vecinales son: Asociación de vecinos y comerciantes de la Macarena, Miraflores-La Trinidad, Pumarejo-San Luis, Moravia-Pelícano, San Julián, San Marcos y FCAIS.
Ellas son las que han abanderado las protestas contra el centro MENA y a esos vecinos, y a todos los que viven en la zona, la Junta de Andalucía les va a ofrecer “actividades formativas” en un último intento para convencerles de que “no hay que demonizar a estos niños”, en palabras ayer en el Parlamento de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.
Estas actividades formativas, que están ahora en fase de concreción, consistirán en “programas de educación en solidaridad” que impartirá la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), aclararon fuentes de la Consejería.
Llamamiento al respeto
Los vecinos no serán los únicos que podrán conocer la realidad del centro MENA. La Consejería organizará una visita con los miembros de la comisión de Infancia (en la que están Manuel Gavira Florentino y Alejandro Hernández Valdés, de Vox, partido que ha prestado su apoyo a los vecinos, rechazando el centro) para que comprueben en primera persona cómo funciona este servicio, del que en Andalucía existen un total de 33, aunque en ninguno de ellos, reconocen en Igualdad, se ha producido un rechazo como en éste.
La consejera Rocío Ruiz confió, en el Pleno del Parlamento a preguntas de la parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora, en que prevalezca “la convivencia y el respeto” frente a los “ataques” y los “actos de violencia” contra “esos chiquillos”.
“Es el miedo el que lleva a esto”, sentenció, dejando claro que las cosas serían diferentes “si se conocieran sus realidades y supieran los abusos y tragedias humanas que han vivido”, tras mencionar incluso el haber sufrido trata de blancas.
La titular de Políticas Sociales se mostró convencida de que los “derechos humanos y la paz van a prevalecer”. Por todo ello, insistió en “no demonizar a estos niños”, teniendo en cuenta que sólo han cometido delitos graves un 0,5% en Andalucía desde 2015. “En lo que compete a la Junta, siempre estarán protegidos. Es una obligación legal atenderlos y pretendemos su absoluta normalización”, recalcó, confiando en “la solidaridad y acogida de los andaluces, el sentimiento de multiculturalidad y el respeto a todas las personas”.
De su lado, la parlamentaria de Adelante Andalucía dejó claro que el problema no está en la “convivencia con estos niños, sino en los actos de violencia y odio que se producen contra ellos”.
Pidió preguntarse qué pasaría si un grupo de personas se concentrara ante un colegio para “amenazar a unos niños, que cuando llegaran al centro se encontraran la cerradura con silicona o pasquines en los que les piden que se vayan sólo por el color de su piel”. “Esto está pasando y están siendo hostigados por miembros impresentables de Vox que se dedican a criminalizarlos”, advirtió.
Maribel Mora, una conocida activista de los Derechos Humanos, recordó que “lo último ha sido convocar una concentración a su puerta y que tenga que ir la Policía Nacional a custodiar la casa y sacar a los menores de allí”.
“Es una barbaridad y los niños están aquí solos, sin sus padres, con la tutela de la Junta, que es responsable de su seguridad”, añadió. Mora exigió que se acabe con “esta barbaridad para que puedan vivir con normalidad en el barrio como niños que son”.
