La familia Franco ha solicitado a un juzgado madrileño medidas cautelarísimas para la suspensión del informe favorable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para el levantamiento de la lápida de Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos ante la inminencia de la exhumación y posterior inhumación de los restos del dictador, fijada para el próximo día 24 de octubre.
El juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, acordó el pasado día 17 archivar el proceso judicial relativo a la licencia de obras después de que el Tribunal Supremo determinara que no hace falta licencia al tratarse de una obra menor.
En un nuevo intento de paralizar la exhumación de los restos del dictador, el entorno de la familia Franco ha presentado este lunes un recurso ante el juzgado contencioso-administrativo número 13 de Madrid en el que reclama la aplicación de la medida cautelarísima de paralización del informe sobre el proyecto de actuaciones arquitectónicas en la Basílica del Valle de los Caídos.
En el escrito, se asegura que se ven "en extrema necesidad de solicitar el auxilio in extremis" del juzgado para que suspenda la validez de los efectos de la licencia con el objetivo de que el Gobierno "no pueda ejecutar, ni consumar su declarada sin tapujos por la vicepresidenta --en referencia a Carmen Calvo-- intención de exhumar al anterior jefe del Estado".
El Gobierno ha anunciado este lunes que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y posterior inhumación en Mingorrubio tendrá lugar el próximo jueves, día 24, a partir de las 10.30 horas, una vez recibido el aval del Tribunal Supremo para proceder a ello y a pesar de los recursos presentados por la familia del dictador para su suspensión.
El archivo del proceso que se tramitaba sobre el informe urbanístico, de 26 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, favorable a la ejecución del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2019, suponía el último escollo para la paralización del proceso de exhumación.
El recurso presentado este lunes se ha realizado de manera urgente en base a las declaraciones de Calvo, "que ha manifestado que tienen intención de proceder pase lo que pase, a consumar la actuación que empezaría por ejecutar las obras amparadas por la manifiesta ilegal licencia concedida".
Esta medida cautelarísima no había sido solicitada hasta el momento por la familia Franco a pesar del pronunciamiento que el Tribunal Supremo realizó al respecto. Según el recurso presentado ahora, la decisión del alto tribunal "no puede ser otra cosa que un 'obiter dicta', es decir, un argumento de la parte considerativa de la sentencia de naturaleza meramente complementaria pero que carece de poder vinculante".
Refuta igualmente la familia Franco que se trate de una obra menor y que por tanto no sea necesaria la licencia. Por contra, defiende que es una obra mayor "y que así se viene a acreditar ahora con el depósito, en las inmediaciones de la Basílica, de maquinaría pesada para realizar las obras".
En esta misma línea, advierte del "peligro que para las personas y los bienes" se puedan derivar al llevar a cabo unas obras de "gran envergadura" que carecen de "proyecto técnico que lo respalde" y sin que se haya realizado "un debido análisis de las obras medidas de seguridad a adoptar".
"De no acordar la suspensión se corre el riesgo de que se ejecuten unas obras ilegales que destruirían un elemento específicamente catalogado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes en San Lorenzo", alerta igualmente, al tiempo que recuerda la protección integral global de la Basílica del Valle de los Caídos y defiende que es de titularidad de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
También apela al derecho fundamental a la intimidad del fallecido y de su familia y a la necesidad de respetar "el sagrado reposo eterno", que considera que vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas.
"Se solicita el auxilio de ese Juzgado para evitar la consumación de tan aberrante acto, máxime cuando es tan obvio que la licencia concedida por el informe favorable del ayuntamiento es manifiestamente ilegal, y además supone grave riesgo para la integridad de las personas, tanto para las que vayan a llevar a cabo la ilegal obra, como los que posteriormente transiten por la lápida de la tumba, una vez repuesta", concluye el escrito presentado.
