Los conocidos como menas son aquellos niños y adolescentes, menores de 18 años, de origen extranjero, que se encuentran separados de sus padres y que tampoco están bajo el cuidado de ningún otro adulto. En España el fenómeno de los menas está mayoritariamente asociado a niños y adolescentes procedentes de los países del Magreb y, fundamentalmente, de Marruecos y Argelia. Sin embargo, se ha comprobado también la presencia de menores no acompañados procedentes de países del este de Europa, del África Subsahariana, de Siria y otros.
En la provincia de Cádiz hay en la actualidad cuatro centros públicos y once centros acogidos a la orden específica de subvenciones para recursos residenciales de mena, 372 plazas en total, según ha informado la Junta de Andalucía, que asegura que ningún recurso está saturado. Ana Rosado, responsable de migraciones de Pro Derechos Humanos en Cádiz, admite que la situación actual en estos centros se ha normalizado después de la saturación que se produjo en el año 2018, cuando los centros quedaron desbordados. La inmigración irregular en 2018 marcó récord. Un total de 43.467 inmigrantes y refugiados alcanzaron las costas españolas desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de este año, lo que significa una media de 152 llegadas por día, según cifras del Ministerio del Interior. De este total, el Gobierno central calculó que más de 11.000 fueron menores, casi un 75% más que en 2017, y más del 50% de estos jóvenes son acogidos en Andalucía. La mayoría de estos chicos proceden de Marruecos, aunque también los hay de Guinea, Senegal, Mali y Costa de Marfil, principalmente.
Rosado asegura que otra de las preocupaciones es qué pasa con estos chavales cuando cumplen los 18 años y deben abandonar estos centros ya que dejan de ser menores. Y es que cumplir 18 años no es moitvo de alegría para la mayoría de estos adolescentes que hasta ese momento han estado bajo la tutela de la Junta de Andalucía. No sólo se encuentran con que deben abandonar los centros de acogidas, sino también a un cambio de régimen jurídico que afectará a todos los ámbitos de su vida, pasando de la protección por su condición de niños a la normativa de extranjería. En la provincia de Cádiz, quince chavales que están acogidos en un centro en Bornos se van a encontrar en esta situación a partir del próximo 1 de enero. En el caso de Andalucía, unos doscientos menas se encuentran en esta situación.
“Una vez fuera de los centros de protección de menores, estos chicos son personas extranjeras a todos los efectos. Con suerte consiguen una plaza en un piso por un año en alguna entidad social. Otros muchos comparten pisos, demasiadas veces en condiciones insalubres, mientras otros duermen en albergues para personas sin hogar. En el peor de los casos, estos chicos terminan en la calle mendigando o ejerciendo la prostitución para poder subsistir. Estos jóvenes entran el bucle de la desesperación”, señala el Defensor del Menor en Andalucía en su informe de 2018. “Muchos de ellos no tienen la situación administrativa regularizada y se ven en la calle con una mano delante y otra detrás. No es una situación coyuntural, sino estructural, porque no ha existido una voluntad política de dar solución a esta situación, tanto cuando llegan y son menores porque no tienen una acogida digna ni cuando cumplen los 18 años.
Y es una situación que se vienen arrastrando desde hace ya más de treinta años”, manifiesta la activista pro derechos humanos. Y es que la autorización de residencia en ninguno de los casos conlleva la autorización a trabajar. Y si dispone de autorización de residencia podrá renovarla con una vigencia de dos años, siempre que acredite una serie de condiciones, como es que cuente con un contrato de trabajo de vigencia sucesiva.
“Cuando tienen la situación regularizada sólo tienen el permiso de residencia pero no el de trabajo, lo que les impide además acceder a ciclos formativos o a módulos superiores para formarse y conseguir un trabajo o unas prácticas profesionales”, concreta Rosado. Para Derechos Humanos, es un sistema diseñado para no acoger e incluir como personas adultas, por el mero hecho de su nacionalidad, a niños que han desarrollado las últimas etapas de su adolescencia en nuestro país. La organización asegura que es preciso una mayor planificación y sensibilidad.
