El sindicato CCOO ha denunciado lo que considera una situación de “discriminación” del personal de las empresas auxiliares del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar en la realización de test de detección del coronavirus.
CCOO comparte la “indignación de las plantillas de limpieza, vigilancia y mantenimiento del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, a las que se les ha comunicado que no se les harán los tests de detección del Covid-19, tal y como se habían comprometido los responsables sanitarios” y señalan que la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto se ha comprometido a trasladar este asunto al Gobierno de Andalucía.
“Las plantillas de las empresa auxiliares del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar han recibido con estupefacción la noticia de que no se cumplirá el compromiso alcanzado con ellas para realizar los test de detección del Covid-19, tal y como se está haciendo al personal sanitario”, añade el sindicato.
Desde CCOO han calificado esta decisión como “una inaceptable discriminación para con unos colectivos profesionales que están en primera línea y codo con codo con el personal sanitario en la lucha contra la pandemia”.
“El personal de limpieza, de seguridad o de mantenimiento está sujeto a los mismos niveles de riesgo que la plantilla del SAS, y es por ello que no alcanzamos a entender cómo se puede justificar una decisión de este calibre, que supone un desprecio intolerable para la salud de estos y de sus familias”, afirma el responsable comarcal del sindicato de Construcción y Servicios de CCOO, Miguel Páramo.
En este sentido, el responsable sindical ha informado de que ha mantenido contactos con la portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, Inmaculada Nieto, a la que ha traslado lo sucedido y de la que ha recabado su respaldo en la búsqueda de “una solución ante esta intolerable medida”.
Por su parte, Nieto se compromete a trasladar este asunto al Ejecutivo autonómico, con el objeto de “demandar explicaciones e instar una corrección inmediata de esta decisión que considera no es aceptable. Es necesario que el conjunto de actores que forman parte de nuestro sistema sanitario, con independencia la empresa para la que trabajen, deben tener el máximo de protección y es por ello que vamos a reclamar el Gobierno de Andalucía que rectifiquen esta decisión”.
