El grupo parlamentario de ERC ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que se transfiera a las autonomías la gestión del 0,7 por ciento de la declaración de la renta para fines sociales, a fin de garantizar la viabilidad económica de las empresas del tercer sector.
En la iniciativa, ERC considera que este nuevo modelo de gestión de los fondos procedentes del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales eliminaría el sistema de doble tramo (estatal y autonómico) de forma que el cien por cien de los recursos se distribuirían a las comunidades mediante transferencia directa "permitiendo a estas fijar las bases para la distribución de los fondos y control de la totalidad de los proyecto subvencionados".
ERC recuerda que el modelo de doble tramo, que aún subsiste, distribuye a las comunidades autónomas el 80 por ciento de los recursos recaudados para ser distribuidos a fines sociales territoriales de las entidades, y un 20 por ciento es repartido directamente por el Ministerio competente.
Para la formación republicana, esta iniciativa, que se presenta para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, supondría un apoyo a las entidades catalanas del tercer sector que tienen un papel fundamental en la prestación de servicios de atención a las personas y que en Cataluña agrupa a unas 3.000 entidades.
En la exposición de motivos, ERC constata que los criterios con los que se distribuyen los fondos del 0,7 por ciento del IRPF no guardan ninguna relación con la decisiones de los contribuyentes en cada territorio al marcar la "equis" solidaria en la casilla para fines sociales.
En la iniciativa ERC solicita que se garantice una distribución de fondos entre comunidades acorde con lo aportado por los contribuyentes en cada una de ellas por cada periodo de liquidación, considerando un fondo de solidaridad entre territorios.
Según la proposición no de ley de ERC, "revertirá en cada comunidad el importe recaudado por las declaraciones realizadas por las personas domiciliadas en dicho territorio que hubieran marcado la casilla de fines sociales o ambas casillas, más el importe que le corresponda en beneficio de la solidaridad interterritorial".